Los casos migratorios cubanos de los días 2 al 5 de octubre, en EE UU, España y la propia Cuba, comparten un rasgo: el estatus se decide por un documento, un plazo o una notificación, con poco margen para corregir. Los tribunales empiezan a frenar algunas piezas, pero otras siguen pendientes.
Baby Lores, residente en Miami, denunció que Cuba le impidió entrar el 3 de octubre cuando viajaba a ver a su madre en terapia intensiva. No consta respuesta oficial.
Un tribunal de La Habana del Este declaró culpables el 1 de octubre a Anna Bensi y a su madre, Caridad Silvente, con dos años de limitación de libertad cada una por publicar el video de un suboficial del MININT.
La Policía de Miami arrestó el 9 de septiembre a César Valdés (89) y Magdaleno Medina (73), dos cubanos del éxodo del Mariel de 1980, por tráfico de drogas y armas robadas. Llevaban 46 años sin regularizar su estatus migratorio, según Diario de Cuba y Periódico Cubano.
Desde enero de 2025, Washington ha pagado a 35 países para que reciban a más de 25.000 deportados que no pueden ser enviados a su lugar de origen; Cuba es uno de los casos, no el único, y Guyana ya recibió a los primeros cuatro cubanos bajo este esquema.
Un grupo de 17 migrantes haitianos que intentaba llegar a Estados Unidos pasó siete días a la deriva antes de encallar, por error, en Playa Siboney, Santiago de Cuba. La Cruz Roja los atendió y las autoridades cubanas los identificaron para una previsible repatriación, mientras los comentarios de los cubanos en redes sociales convirtieron el episodio en un espejo incómodo de la propia crisis migratoria de la isla.
Entre el 17 y el 18 de septiembre, la congresista republicana María Elvira Salazar acusó a Donald Trump de excederse con las deportaciones y el Departamento de Seguridad Nacional y el propio presidente le respondieron sin ceder terreno.
El chequeo médico obligatorio para la visa de inmigrante en La Habana no es un requisito nuevo, pero el Departamento de Estado actualizó el 2 de septiembre de 2026 el instructivo que fija turno, documentos, precio y hospital por provincia.
Un informe de académicos y activistas vinculados a Harvard —entre ellos Tania Bruguera, Manuel Cuesta Morúa y Rafael Rojas— propone amnistía general, fin de sanciones al combustible y una Asamblea Constituyente, pero su punto más discutido es que ninguna transición cubana es viable sin que el propio Gobierno participe en ella, algo que choca con buena parte del discurso opositor.
Degnis Bofill y Andy García Palacios, arrestados por ICE en agosto con cuatro días de diferencia, ya están libres bajo fianza, pero ambos siguen bajo procedimientos migratorios abiertos.
España tiene dos vías migratorias legales para cubanos poco conocidas frente a las rutas habituales: la autorización de residencia y trabajo por cuenta propia, y el visado de prácticas profesionales para recién graduados. Ambas exigen requisitos documentales concretos, sin atajos.
Un cubano deportado por Estados Unidos se interpuso entre policías armados y el migrante egipcio-estadounidense Ahmed Soliman en un hotel de Malabo el 4 de septiembre, mientras una supervisora ordenaba disparar; los migrantes, entre ellos cubanos, siguen retenidos en el lugar.
El Tribunal Supremo español suspendió cautelarmente los efectos electorales de la Ley de Memoria Democrática -no la nacionalidad ni los trámites en curso- para los nuevos españoles que no acrediten descender de exiliados. En La Habana se han presentado unos 350.000 expedientes bajo esa ley, según Periódico Cubano, y más de 600.000 cubanos llegaron a iniciar el trámite, según el Ministerio de Asuntos Exteriores citado por 14ymedio.
Un tribunal federal de San Antonio condenó a Robyn Argote-Brooks, cubano de 26 años, a 10 meses de prisión y 9.767 dólares en restitución por dañar dos vehículos de ICE durante un operativo en enero.
Una jueza de Quintana Roo sentenció a dos cubanos a cuatro años y seis meses de prisión por retener y amenazar de muerte a un compatriota en Cancún en 2024 para cobrar un rescate de 8.000 dólares.
España aprobó en primera vuelta —no como ley vigente— un anteproyecto de Ley de Asilo y una reforma de la Ley de Extranjería que agilizan la resolución de expedientes y amplían la retención en frontera hasta 12 semanas. Faltan meses de trámite parlamentario, pero nueve reglamentos del Pacto Europeo de Migración y Asilo ya rigen desde el 12 de junio.
El Departamento de Estado prepara revocar hasta 200.000 visas B1/B2 (turismo y negocios) emitidas entre 2016 y 2026 a personas que después solicitaron asilo, mientras por separado pausó las citas de visado en todo el mundo. Ninguna cifra es definitiva ni la revocación equivale a deportación inmediata, según el propio Departamento de Estado.
Turkish Airlines suspendió sus vuelos a La Habana en marzo por falta de combustible, anunció a mediados de agosto que los retomaba en octubre con una ruta vía Moscú y Estambul, y el 27 de agosto dio marcha atrás y canceló esa reanudación sin explicar por qué.
Yasiel Morera Betancourt, de 34 años, murió el 23 de agosto en un accidente laboral en Nuevo México; su esposa, Estefani Borroto Díaz, recauda fondos en GoFundMe para trasladar el cuerpo a Miami y cremarlo.
Desde el 25 de agosto, la CBP duplicó a 24 millas náuticas el área en la que puede abordar y detener embarcaciones frente a South Florida, un corredor que incluye los Cayos y por donde circulan travesías irregulares desde Cuba.