Washington endurece el cerco al régimen y, a la vez, cierra la puerta a los cubanos que ya cruzaron

Mientras el Tesoro golpea a GAESA y la Casa Blanca calcula cómo presionar sin invadir, miles de cubanos en Estados Unidos enfrentan más parole denegado, más deportaciones a terceros países y menos vías legales para quedarse

En resumen — La política de Estados Unidos hacia Cuba avanza en dos direcciones simultáneas: sanciones crecientes contra el aparato militar y financiero del régimen, y un endurecimiento paralelo contra los cubanos que ya emigraron, con caídas documentadas en aprobaciones migratorias y deportaciones a países como Esuatini o República Centroafricana. El archivo de cobertura reciente muestra que ambas líneas comparten el mismo objetivo declarado —debilitar al Gobierno cubano— pero producen efectos opuestos sobre la vida cotidiana de los cubanos, según la propia evidencia documental disponible.

Una cubana residente en Estados Unidos llegó cerca de las ocho de la mañana a una cita de supervisión con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Una jueza la había declarado "deportable" semanas antes, y ella no sabía si saldría de ese edificio o si terminaría detenida. Mientras esperaba en la fila, vio acercarse varias camionetas. "Nos asustamos muchísimo porque dijimos: 'Nosotros no vamos a salir de aquí, vinieron a buscarnos'", relató, según reportó Periódico Cubano el 18 de agosto. Tras media hora de espera, un oficial le devolvió una fecha de reporte para dentro de un año. "Gracias a Dios, un año más", dijo. Su solicitud de parole, en cambio, no fue aprobada ese día.

Esa escena convive, en la cobertura de los mismos días, con otra narrativa distinta: la de un Washington que se presenta como motor de la caída del régimen cubano. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, citó a Cuba en una entrevista con Newsmax como ejemplo de cuánto puede resistir un gobierno autoritario bajo presión económica, y lo comparó con Venezuela: "La gente dice, bueno, Cuba duró mucho tiempo (…) Venezuela se derrumbó inmediatamente cuando pusimos el bloqueo", afirmó, según reportó Periódico Cubano el 17 de agosto. El embajador de EE.UU. en Argentina, Peter Lamelas, fue más allá en una entrevista con Todo Noticias: "Antes de fin de año, si Dios quiere, algo puede pasar", dijo sobre un posible cambio político en la isla, y advirtió a las Fuerzas Armadas cubanas que "tienen que tener miedo porque han abusado de las personas, son corruptos".

Esas dos escenas —la cita de ICE y la entrevista del embajador— no son contradictorias dentro de la lógica de la administración de Trump. Son la misma política vista desde dos ángulos: uno contra el Estado cubano, otro contra los cubanos que ya viven en territorio estadounidense. Casi nunca se cuentan juntas, y el archivo de cobertura de las últimas semanas permite reconstruir cómo avanzan en paralelo.

En el frente institucional, la presión se ha vuelto más granular. El 7 de mayo, el Tesoro designó a GAESA, el conglomerado militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, bajo la Orden Ejecutiva 14404, ampliando las consecuencias para empresas extranjeras que operen con el grupo, según Periódico Cubano. Un reporte de Bloomberg del 14 de agosto, citado por Periódico Cubano, explica que Washington no apuesta por derrocar a una sola figura —como ocurrió en enero de 2026 con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela— porque el poder en Cuba estaría repartido entre "la familia Castro, altos mandos militares y dirigentes del Partido Comunista de Cuba", varios centros de influencia cuyas relaciones, según los funcionarios consultados por Bloomberg, complicarían cualquier intento de negociar una transición ordenada. Esa fragmentación es, de acuerdo con esa misma explicación, la razón por la que la Casa Blanca prioriza las sanciones y la presión económica sobre una intervención militar directa.

En el frente migratorio, la evidencia muestra un giro medible. Según el American Immigration Council, con cifras de USCIS al 3 de agosto, la denegación del parole humanitario para cubanos pasó del 52,9% al 88,7% en un año, comparando el primer trimestre de los años fiscales 2025 y 2026. El atasco de solicitudes de permiso de trabajo (I-765) creció un 38% —446.650 casos—; entre quienes lo tramitan junto a un ajuste de estatus, los pendientes casi se triplicaron, de 154.469 a 461.884, según Periódico Cubano. Meses antes, 14ymedio documentó el otro extremo: las green card para cubanos cayeron 99,8% en un año, mientras las detenciones de ICE subieron 463%.

El punto más duro no son los números, sino los destinos. Roberto Mosquera del Peral, que llegó a EE.UU. con 12 años en el éxodo del Mariel, lleva más de un año recluido sin cargos en la prisión de máxima seguridad de Matsapha, Esuatini, un país con el que no tenía ningún vínculo, según The New York Times, recogido por Periódico Cubano. El Tribunal Supremo de Esuatini falló en abril a favor de que él y otros deportados tuvieran derecho a un abogado, documentó 14ymedio, pero eso no le dio fecha de liberación. No es un caso aislado: a comienzos de agosto, cuatro cubanos —Omar Rodríguez, Arístides Fernández García, Yasmani Noel Moreno de Armas y Daniel Lázaro Fuente— denunciaron haber sido enviados por ICE, sin previo aviso, a la República Centroafricana, donde permanecen en Bangui sin documentos, según Periódico Cubano y 14ymedio. Desde julio, el Departamento de Estado negocia además con Uruguay recibir cubanos deportados, una salida para los casos en que Washington "no puede o no quiere devolver directamente" a los migrantes a Cuba, según The New York Times.

Esa política marca una ruptura con el trato migratorio que EE.UU. reservó históricamente a los cubanos, algo que la propia cobertura ha empezado a nombrar: OnCuba News tituló el 13 de agosto que Washington pasó "de privilegio histórico a deportaciones a África". La Ley de Ajuste Cubano sigue vigente, pero coexiste con recortes de precedente que la vacían por otras vías: desde el 13 de agosto rige Matter of Delcarmen-Lara, decisión del Consejo de Apelaciones de Inmigración que revirtió una interpretación de 2012 y estableció que salir con Advance Parole tras acumular presencia ilegal sí puede activar prohibiciones de reingreso de tres o diez años, según Periódico Cubano.

El contraste no pasa inadvertido en el debate político estadounidense. Angie Nixon, aspirante demócrata al Senado por Florida, hizo campaña en la Pequeña Habana proponiendo lo contrario del rumbo actual: retomar el acercamiento de la era Obama. Calificó el bloqueo de "un fracaso" y sostuvo que los cubanos están sufriendo por sus efectos, según OnCuba News, y acusó a su rival republicana, Ashley Moody, de destinar fondos a "aterrorizar a nuestras comunidades y devolver a los cubanos a Cuba". Es una crítica al embargo, no a la política de deportaciones, pero apunta al mismo nudo: para parte del espectro político estadounidense, presionar al régimen y presionar a los migrantes cubanos son, de hecho, la misma maquinaria.

Lo que el archivo documenta es una administración que separa con claridad a quién declara enemigo —"la familia Castro, altos mandos militares y dirigentes del PCC", según los funcionarios citados por Bloomberg— y a quién trata como excedente administrativo: personas con expedientes pendientes, permisos atascados o, en el caso extremo, sin ningún país dispuesto a recibirlas. Mosquera del Peral sigue esperando en Matsapha. La cubana que fue a su cita de ICE tiene una nueva fecha, dentro de un año, para saber si la próxima vez también sale por la puerta por la que entró.