La doble apuesta de Díaz-Canel: endurecer el discurso y aflojar la economía a la vez

En resumen — En la misma semana en que Díaz-Canel proclamó que "en Fidel sigue estando la clave" del futuro de Cuba, su gobierno aprobó cuatro decretos que amplían el margen del sector privado y reforzó una estructura de "control popular" para sustituir a los debilitados CDR. El patrón que conecta ambos frentes no es contradicción sino método: una legitimidad que ya no alcanza con ideología ni con reformas por separado, y que las familias cubanas —según sus propias respuestas públicas a las publicaciones del mandatario— no están comprando.

"Yo lo único que quisiera que usted me dijera es cómo aprende un niño que no duerme", le respondió una cubana a Miguel Díaz-Canel este jueves, después de que el gobernante anunciara en Facebook "enormes esfuerzos" para abrir las aulas el próximo primero de septiembre. "Con hambre y sueño ni se enseña, ni se aprende", resumió otro comentario. No fueron respuestas aisladas. Fueron, según el propio medio, "numerosas respuestas de familias que cuestionaron cómo iniciar el curso escolar en medio de apagones, falta de agua, problemas con los uniformes y dificultades para garantizar la alimentación de los niños".

Esa misma semana —entre el 18 y el 21 de agosto de 2026, según los doce artículos que documentan la actividad pública del mandatario cubano en ese lapso— Díaz-Canel sostuvo dos discursos que a primera vista parecen ir en direcciones opuestas. Por un lado, escribió en Facebook que "en Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias", calificó a Estados Unidos de "régimen fascista" y acusó a la administración Trump de "arreciar el genocidio" contra la isla, según recogió Diario de Cuba. Ese mismo jueves, tras la última tanda de sanciones de Washington contra ocho empresas estatales y tres funcionarios del ICAP, remató en X que Cuba "sabrá resistir y vencer" y que "EE.UU. quedará en la vergonzosa lista de genocidas", de acuerdo con CiberCuba. Por otro lado, el Consejo de Estado que preside Esteban Lazo —con la participación del propio Díaz-Canel— aprobó el miércoles cuatro decretos leyes que modifican las reglas de las mipymes, las cooperativas, el trabajo por cuenta propia, las importaciones privadas y la contratación pública, según reportaron CiberCuba, Periódico Cubano y OnCuba News de forma casi simultánea.

El patrón no es la contradicción entre discurso ideológico y apertura económica —esa tensión existe en el chavismo, en el Vietnam de los años 80 y en la propia Cuba desde 2011—, sino la simultaneidad deliberada de ambos frentes como respuesta a una legitimidad que, medida en las propias cifras del oficialismo adyacente, se erosiona. El IX Estudio sobre Derechos Humanos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), difundido el 13 de agosto, encontró que la extrema pobreza afecta ya al 94% de la población cubana y que la desaprobación del Gobierno de Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz llegó al 95%, tres puntos más que el año anterior, según recogió Diario de Cuba. Ninguno de los dos discursos —ni el de Fidel como brújula moral, ni el de las reformas como salida económica— alcanza por sí solo para revertir esa cifra. Juntos, cumplen funciones distintas: uno sostiene la cohesión del aparato y su relato interno; el otro intenta, sin decirlo del todo, mantener a flote una economía que ya no puede financiarse solo con el modelo estatal.

El propio Manuel Marrero lo dijo sin proponérselo el 18 de agosto, cuando defendió que Cuba "se inserta en la economía mundial con soberanía y no con sumisión, fiel al legado del Comandante en el centenario de su natalicio", según su mensaje en X citado por CiberCuba. La frase intenta resolver en una sola oración la tensión que atraviesa las 176 medidas económicas aprobadas en junio de 2026: presentarlas como "cien por cien cubanas" y no como una réplica de los modelos de apertura de China o Vietnam, evitando así que la ortodoxia interna las lea como una capitulación. El propio Díaz-Canel había admitido, el 30 de julio, que "los comunistas le temen al avance del sector privado", según reportó Periódico Cubano —una rara concesión pública de que el ala dura del aparato ve las reformas con recelo, lo que explica por qué cada anuncio de apertura llega envuelto en una capa de retórica de resistencia antiimperialista que lo compensa políticamente puertas adentro.

Esa doble apuesta tiene, sin embargo, un punto ciego que erosiona su credibilidad: quiénes quedan exentos de la austeridad que se le pide al resto del país. Manuel Anido Cuesta, hijastro de Díaz-Canel, fue fotografiado esta semana entrenando en el gimnasio habanero Pura Vida, cuya mensualidad ronda entre 80 y 120 dólares —una cifra que Periódico Cubano describió como "inaccesible para el ciudadano común" en un país donde los salarios estatales se devalúan constantemente—. El mismo joven, sancionado por Washington junto a su madre Lis Cuesta y su padrastro por "actividades corruptas", controló durante nueve meses una empresa de consultoría e inversiones en Madrid, Meridian Wealth Group, con domicilio en una de las zonas más exclusivas de la capital española, según documentos mercantiles que revisó el mismo medio. El contraste no necesita adjetivos: mientras el gobernante invoca el sacrificio compartido y acusa a Washington de "genocidio", su entorno familiar circula con holgura por gimnasios de lujo y firmas de inversión europeas que las sanciones estadounidenses persiguen sin lograr contener.

El tercer eje del patrón es el control territorial. Con los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) mostrando, según CiberCuba, "crecientes dificultades para mantener la influencia que durante décadas tuvieron en los barrios", el Consejo de Estado dedicó parte de su sesión del miércoles a revisar el avance de "Mi Barrio por la Patria", la estructura que el régimen impulsa para sustituir esa función. Carlos Rafael Fuentes León, presidente de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, fue explícito sobre el objetivo: "Esta acción de control popular y el incentivo de la participación son elementos indisolublemente ligados al poder popular y a la esencia de nuestro sistema", dijo, según la misma fuente. La insistencia en la palabra "control" —no en "participación" ni en "comunidad"— resulta reveladora en un año donde ese mismo aparato, medido por el OCDH, tiene la desaprobación de 19 de cada 20 cubanos.

Lo que conecta las aulas sin condiciones de septiembre, el gimnasio del hijastro presidencial y la reingeniería del control barrial no es una sola política, sino la lógica que las produce a todas: un gobierno que ya no puede apoyarse en un solo pilar —ni el ideológico, ni el económico, ni el de vigilancia— y que por eso los refuerza en paralelo, mientras la respuesta que más se repite en sus propias publicaciones oficiales es la de una madre cubana resumiendo, sin citar cifras ni estudios, lo que el 94% ya vive todos los días: "Mucha voluntad y pocas condiciones".