Tres coberturas de la semana sobre Estados Unidos y Cuba donde el costo práctico recae en personas y negocios
Un informe sobre médicos, exportaciones récord y precedentes migratorios, leídos juntos en la cobertura del 10 y 11 de octubre
Lila Fuentes
La cobertura del 10 y 11 de octubre combina un informe de trata que castiga el canal estatal de las misiones médicas, exportaciones récord que pasan en buena parte por el sector privado y precedentes migratorios que exigen más a cada individuo. Leídos juntos sugieren un patrón, sin que las fuentes declaren una estrategia única.
Tres coberturas de la semana sobre Estados Unidos y Cuba donde el costo práctico recae en personas y negocios
Un informe sobre médicos, exportaciones récord y precedentes migratorios, leídos juntos en la cobertura del 10 y 11 de octubre
En resumen — La cobertura del 10 y 11 de octubre sobre Estados Unidos combina un informe de trata que cuestiona las misiones médicas, exportaciones récord a Cuba y precedentes migratorios que exigen más a cada individuo. Washington autorizó ventas de derivados del petróleo al sector privado cubano, pero el Census no distingue quién compra (14ymedio). Leídos juntos, los tres temas muestran un costo práctico que recae en personas y negocios, sin que ninguna fuente declare una política unificada.
Un hombre le dijo a OnCuba News que cuida una gorra con la bandera estadounidense "como si fuera de oro". Un joven, preguntado por qué vestía un pulóver con las barras y las estrellas, respondió: "Es lo que tengo". El reportaje de OnCuba del 11 de octubre es una encuesta rápida, no una muestra representativa, y no permite generalizar. Sirve de puerta a lo que la cobertura de la misma semana muestra por otras vías: el trato con Estados Unidos pasa por personas y negocios concretos.
Primer frente: el comercio. Según el U.S. Census Bureau, citado por Periódico Cubano el 11 de octubre, las exportaciones de mercancías de Estados Unidos a Cuba sumaron 202,5 millones de dólares en agosto, frente a 148,9 millones en julio. Entre enero y agosto acumulan 876,5 millones, por encima de los 809,6 millones de todo 2025. Nuestro archivo lo sigue: el 4 de septiembre se informó del récord de julio y el 28, Periódico Cubano, apoyándose en 14ymedio, reportó que Estados Unidos habría pasado del décimo puesto entre los proveedores de la Isla en 2023 al primero en 2026. Agosto es así el segundo récord mensual consecutivo, tras 116 millones en mayo, 117,6 en junio y 148,9 en julio.
El motor no es el que cabría suponer. Según el U.S.-Cuba Trade and Economic Council, citado en esos reportes, los combustibles y aceites pesaron 74,86 millones de dólares en agosto, alrededor del 37% del total, y 231,7 millones en lo que va de año; en todo 2025 la categoría fue de 311.558 dólares. Como cálculo propio, 231,7 millones frente a 0,31 millones es una proporción de unas 744 veces, aunque se comparan ocho meses con doce. El mecanismo, según 14ymedio y Periódico Cubano, es regulatorio: Washington autorizó a comienzos de año las ventas de derivados del petróleo al sector privado cubano, al amparo de la excepción Support for the Cuban People del Bureau of Industry and Security. Dos matices: el Census no permite saber qué parte compran mipymes, Estado u otros (14ymedio), y Periódico Cubano documenta que Cupet y Cimex cobran por almacenar y distribuir el combustible que importan las mipymes.
Segundo frente: las misiones médicas. El Informe sobre Trata de Personas 2026 mantiene a Cuba en el Nivel 3, donde permanece desde 2019 según Periódico Cubano, y describe como política o patrón del Gobierno cubano el trabajo forzoso en el programa de exportación de mano de obra, médicos incluidos. Según 14ymedio, el informe atribuye al Estado cubano la retención de entre 50 y 95 por ciento de los salarios. El canciller Bruno Rodríguez lo llamó "unilateral y mendaz" y habló de "persecución enfermiza"; 14ymedio y Diario de Cuba subrayan que no aportó datos para refutar las cifras ni los mecanismos descritos. Una advertencia sobre las cifras: las fuentes no coinciden. 14ymedio (8 de octubre) reporta que el informe habla de 24.000 trabajadores a inicios de 2025 y de entre 15.000 y 18.000 en 2026, en 53 países; otro texto de 14ymedio (11 de octubre) y OnCuba hablan de unos 18.000 en 52 países frente a 26.000 el año anterior. Todas apuntan a una reducción, que el informe atribuye a la actividad diplomática de Washington.
El informe, según 14ymedio, reconoce que algunos gobiernos pagan un estipendio o salario directamente a los trabajadores, pero sostiene que no hacen "la supervisión necesaria" para evitar que La Habana los coaccione a remitir parte de sus ingresos. 14ymedio enumera a Honduras, Guatemala, Antigua y Barbuda, Dominica, Guyana y San Vicente y las Granadinas entre quienes rompieron convenios, y a Calabria, Uruguay y Jamaica entre quienes contratan directamente. Hace pocos días informamos de que Jamaica reincorporó a 157 profesionales con contratos individuales, según su ministro Tufton. Como lectura propia y limitada: en las contrataciones directas de Jamaica, Uruguay y Calabria el pago llega sin pasar por La Habana, mientras que en el combustible el Estado sigue cobrando por distribuir a través de Cupet y Cimex; el paralelo con el comercio es, por tanto, parcial.
Tercer frente: el trámite individual. Los precedentes migratorios de la semana siguen la misma lógica por el otro extremo, el de quien llega. El 9 de octubre, según Periódico Cubano que cita el documento del Departamento de Justicia, la Junta de Apelaciones de Inmigración fijó en Matter of B-S-A-N-, 30 I&N Dec. 145 (BIA 2026), un criterio general de denegación de asilo a nacionales de democracias que protejan ampliamente los derechos humanos, con excepciones; alcanza a los 27 países de la UE y a quien tenga doble nacionalidad, que según esa lectura debe demostrar temor fundado "en cada país" del que es ciudadano. Para los cubanos con pasaporte español, esa carga queda sobre cada solicitante. Ya analizamos este precedente en una pieza reciente sobre el asilo; aquí importa que se suma a la exigencia procesal sobre el individuo.
El litigio de los I-220A lo ilustra a escala. El caso Bello-Rubio, presentado por 992 cubanos con formulario I-220A, sobrevivió el 10 de septiembre a una primera moción de desestimación de la jueza Jacqueline Becerra; el Gobierno volvió a la carga el 9 de octubre con una moción contra la segunda demanda enmendada, por falta de jurisdicción y de reclamación suficiente. Periódico Cubano aclara que no es una desestimación ni un fallo definitivo. Mientras tanto, la abogada Claudia Cañizares advirtió el 8 de octubre en Cuba en Miami que algunos beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano con CBP One creen que su solicitud a USCIS frena el proceso judicial. Su frase: "Tener una residencia pendiente con USCIS no te excusa de tener que ir a la corte". Según ella, algunos jueces esperan a USCIS y otros exigen argumentos legales.
Qué no prueba este patrón. Que las tres cosas ocurran a la vez no demuestra una estrategia única; las fuentes no la declaran, y Estado, Comercio y Justicia responden a lógicas distintas. Lo que aparece, repetido, es el efecto práctico: quien compra combustible necesita saber qué excepción lo ampara; el médico depende de si su país paga directo o vía La Habana; el migrante, de si su juez espera a USCIS.
Una perspectiva concreta. Los datos de septiembre del Census están pendientes; el caso Bello-Rubio sigue abierto, con la moción del 9 de octubre pendiente; y la respuesta cubana al informe, según 14ymedio, no discute las cifras. En las calles de La Habana, mientras tanto, siguen las barras y las estrellas. "Es lo que tengo", dijo el joven a OnCuba.
Escrito por Lila Fuentes
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