Régimen cubano entrena a funcionarios para control del sector privado por antiterrorismo
Rodrigo Mena
El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba inició la capacitación de funcionarios en todo el país para aplicar la Resolución 86/2026, que obliga a MIPYMES y cuentapropistas a reportar operaciones sospechosas de delitos financieros y terrorismo. Esta medida extiende el control estatal sobre el sector privado, aumentando las preocupaciones sobre la privacidad y las libertades individuales de los ciudadanos.
En resumen — El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba inició la capacitación de funcionarios en todo el país para aplicar la Resolución 86/2026, que obliga a MIPYMES y cuentapropistas a reportar operaciones sospechosas de delitos financieros y terrorismo. Esta medida extiende el control estatal sobre el sector privado, aumentando las preocupaciones sobre la privacidad y las libertades individuales de los ciudadanos.
El régimen cubano ha puesto en marcha un programa de capacitación a nivel nacional, dirigido a funcionarios, para la implementación de la Resolución 86/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios. Esta normativa, firmada el pasado 8 de abril, designa a cuentapropistas, MIPYMES y otros actores no estatales como "sujetos obligados" a reportar operaciones vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo.
Según informó el propio Ministerio de Finanzas y Precios en sus redes sociales, la viceministra Yenisley Ortiz Mantecón, junto al vicegobernador de La Habana, impartió sesiones de preparación a intendentes y funcionarios de los consejos de la administración en la capital. La Resolución 86 establece que los privados deben vigilar las operaciones de sus clientes, emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (DGIOF) del Banco Central de Cuba, y mantener estricta confidencialidad sin informar al cliente investigado.
Esta expansión de la vigilancia estatal ocurre en un contexto de creciente presión regulatoria sobre el incipiente sector privado cubano, que ya supera las 11,000 MIPYMES. La medida genera inquietudes sobre las implicaciones para los derechos individuales y la autonomía económica, al someter a los emprendedores a un control más directo del Estado. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en acciones de la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior y la Contraloría General de la República.