¿Qué significa que dos texanos se disputen el control de Sherritt, la minera que opera Moa?

La puja por la canadiense conecta con dos cosas que Cuba vive todos los días: el níquel que exporta y la electricidad que le falta

En resumen — Dos empresarios de Texas negocian por separado hacerse con el control de Sherritt, la canadiense que explota níquel en Moa y posee un tercio de Energas, generadora del 10% de la electricidad cubana. La operación choca con reclamaciones de bienes confiscados en 1959 que hoy están en manos de Citigroup y Office Depot bajo la Ley Helms-Burton, y ese conflicto legal —no la rivalidad entre los dos texanos— es lo que puede trabar o destrabar el acuerdo.

¿Por qué está parada Sherritt en Cuba desde mayo?

Sherritt International, la minera canadiense presente en la Isla desde 1992 —30 años de operaciones, según Diario de Cuba—, suspendió sus actividades en Cuba en mayo de 2026 tras el endurecimiento de las sanciones de Washington contra empresas extranjeras vinculadas al Estado cubano, según 14ymedio. Desde entonces negocia una salida que le permita seguir operando, esta vez bajo capital estadounidense.

¿Quiénes son los dos empresarios texanos y qué ofrecen?

Según un análisis de Bloomberg citado por 14ymedio, la primera oferta viene de Gillon Capital, dirigida por Ray Washburne, quien dirigió la agencia federal de inversión OPIC durante el primer gobierno de Trump (2017-2019), según Associated Press. La oferta le daría a Gillon el 55% de Sherritt. El Departamento de Estado y el del Tesoro de EEUU ya confirmaron que no se oponen, y el Gobierno cubano, según reveló el Miami Herald y recogió 14ymedio, también habría dado su visto bueno.

La segunda oferta es de un consorcio con Glencore —uno de los mayores operadores mundiales de materias primas— y el petrolero texano Albert Huddleston como ancla estadounidense. Ninguna de las dos se ha cerrado: ambas negocian en paralelo con los mismos acreedores.

¿Qué es la Ley Helms-Burton y por qué están en el medio Citigroup y Office Depot?

La Ley Helms-Burton, vigente desde 1996, permite a estadounidenses con propiedades confiscadas por Cuba después de 1959 demandar en tribunales de EEUU a quien se beneficie hoy de esos bienes. Dos reclamaciones certificadas —reconocidas formalmente por el Gobierno de EEUU— pesan sobre los activos de Sherritt, según 14ymedio: una de Citigroup, ligada a la antigua mina de Moa Bay; otra de Atlas Holdings (dueña de Office Depot), heredada de la vieja Cuban Electric Company. Juntas suman más de 350 millones de dólares.

Por eso ninguno de los dos texanos negocia solo con Sherritt: ambos deben llegar a un acuerdo también con Citigroup y Office Depot. "Si Citigroup dice 'no', nadie consigue la mina y Sherritt vuelve al punto de partida", dijo a Bloomberg el abogado Davy Karkason, según la cita reproducida por 14ymedio. Pedro Freyre, del bufete Akerman en Miami, advirtió además que cualquier empresa que toque esas propiedades puede quedar expuesta a acusaciones de "tráfico" con bienes confiscados, también según 14ymedio.

¿Por qué esto no es solo finanzas internacionales?

Sherritt opera en Moa, Holguín, una porción del níquel y cobalto cubanos que —según estimó el economista Ricardo Torres a Diario de Cuba en mayo— llegaba a representar dos tercios de la producción nacional del mineral antes de la suspensión. El níquel es una de las principales exportaciones del país.

Sherritt posee además un tercio de Energas, la empresa mixta que junto a la estatal Unión Eléctrica y Cupet genera electricidad en Varadero, Boca de Jaruco y Puerto Escondido: cerca del 10% de toda la capacidad eléctrica de Cuba, según datos de la propia Sherritt. Quien controle Sherritt hereda, al menos sobre el papel, esa tajada del sistema eléctrico —aunque ninguna fuente confirma qué pasará en la práctica con esa participación mientras la negociación sigue abierta.

¿Y ahora qué?

Nada está resuelto. Ninguno de los dos texanos ha cerrado su acuerdo con Sherritt, y ninguno lo cerrará sin el visto bueno de Citigroup y Office Depot. Lo que sí queda claro es que, por primera vez en más de seis décadas, el destino de una porción del níquel y la electricidad cubanas podría depender de una negociación privada en Texas y Miami, arbitrada por reclamos de 1959 que Washington nunca dejó prescribir.