Presión sin fuga: Washington cierra la puerta al migrante cubano y abre la del combustible

En resumen — Los artículos publicados sobre Estados Unidos y Cuba el 18 y 19 de septiembre de 2026 documentan, en apariencia, políticas dispersas: deportaciones a terceros países, sanciones, un litigio migratorio y exportación de combustible. Leídos juntos revelan una duplicidad deliberada: Washington endurece el canal político y migratorio contra el Gobierno cubano mientras mantiene abiertos, y en crecimiento, los canales comerciales y judiciales que sostienen a la población y al sector privado de la Isla.

Raúl Suárez Herrero pasó más de quince horas en una jaula metálica en el centro de detención Alligator Alcatraz, en los Everglades, tras rezar en voz alta por otro detenido que sufrió una convulsión. «Me llevaron allí y pasé más de 15 horas dentro de ese huequito», relató a Noticias Telemundo, según reprodujo Periódico Cubano. Suárez, que vivió casi cinco décadas en Estados Unidos, terminó deportado a México. A miles de kilómetros, Yasmany Moreno de Armas espera en Bangui, capital de la República Centroafricana, una posible vía de regreso a territorio estadounidense mientras su caso avanza en la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito, según el mismo medio. Son dos historias del mismo aparato migratorio. Pero no son la única cara de la relación Washington-La Habana que muestran las fuentes de estos días: mientras se documentaban, otros artículos registraban que el combustible estadounidense sigue entrando a Cuba y que un juez en Tampa mantuvo viva una demanda migratoria de miles de cubanos. La coincidencia no es incidental: es el patrón.

La doctrina declarada: "no hay válvulas de escape"

Desde agosto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido explícito sobre el objetivo. «Lo que estamos tratando de enseñarles [al Gobierno cubano] es que no hay válvulas de escape», dijo a Axios en declaraciones recogidas por OnCuba News, y agregó que «cada vez que intentan salir del lazo, nosotros simplemente lo cerramos». El 10 de septiembre, según Periódico Cubano, Rubio afirmó que Washington ya había impuesto «las sanciones más fuertes en la historia» contra el régimen cubano. Ese mismo viernes 18, el Departamento de Estado prometió, en un mensaje en X recogido por Periódico Cubano, acabar con las «redes cubanas subversivas» que operan en EEUU, después de que el Departamento de Justicia acusara en Nueva York a cinco personas vinculadas a un presunto complot de asesinato dirigido desde Rusia, entre ellas los cubanos Oemis Romagoza Durruthy y Yaidel Delgado Suárez. El lenguaje describe una estrategia dirigida a asfixiar la capacidad del Gobierno cubano de sobrevivir políticamente, no solo a sancionar conductas puntuales.

La infraestructura de la expulsión

Ese endurecimiento tiene una traducción migratoria concreta que el archivo de este medio documenta mes a mes: en julio, Washington negociaba con Uruguay una vía para recibir deportados cuando Cuba no acepta el retorno directo, según Periódico Cubano y OnCuba News; en agosto llegaron los primeros deportados a Liberia, programa que contempla hasta 1.200 personas en doce meses. El 5 de septiembre, Guyana recibió a los primeros cuatro cubanos deportados desde EEUU; días después, en Guinea Ecuatorial, testigos y un video obtenidos por Reuters documentaron a policías amenazando con armas a deportados retenidos en un hotel, según OnCuba News. Los casos de Suárez y Moreno de Armas se insertan en esa misma red de terceros países que este medio describió como "la geografía de la expulsión": acuerdos bilaterales construidos en cinco meses para sacar a los cubanos de la ruta que antes pasaba por La Habana.

El canal que no se cierra: combustible y dólares

Frente a ese endurecimiento, los datos comerciales muestran lo contrario. Según la Administración de Información Energética de EEUU (EIA), citada por Diario de Cuba, Estados Unidos exportó 1.674.000 barriles de combustible a Cuba entre enero y junio de 2026, con una curva sostenida desde marzo: 190.000 barriles ese mes y 778.000 en junio, un incremento que la propia fuente califica de «más de cuatro» veces entre marzo y junio. Solo junio concentró cerca del 46,5% del valor del semestre (47.842.674 dólares), y julio sumó otros 61,1 millones según la Oficina del Censo de EEUU —157,3 millones acumulados entre enero y julio. Ese flujo no es nuevo: en mayo, el sector privado cubano ya había importado casi 24 millones de dólares en combustible desde EEUU, según el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba. Mientras el Departamento de Estado anunciaba su intención de acabar con las redes cubanas y cerraba la puerta migratoria en varios continentes, la puerta comercial del combustible —autorizada, dirigida en buena parte al sector mipyme— permanecía abierta y en expansión.

Los tribunales, la otra grieta

La misma duplicidad aparece en lo judicial. El 18 de septiembre, un juez federal en Tampa rechazó la solicitud de la Administración Trump de cerrar la demanda de cubanos que recibieron el formulario I-220A al ingresar a EEUU, según Periódico Cubano; el fallo no otorga parole ni detiene deportaciones, pero mantiene abierta la posibilidad de que miles de migrantes prueben que fueron clasificados incorrectamente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Se suma a otras decisiones del archivo: una jueza en Miami determinó el 10 de septiembre que tiene jurisdicción para avanzar en una demanda que busca regularizar a más de medio millón de cubanos, y a finales de agosto se reanudó la emisión de visas de inmigrante tras un fallo que dejó sin efecto una suspensión que afectaba a 75 países. Son procesos lentos, distintos de una amnistía, pero conviven con vuelos a Liberia y jaulas en los Everglades.

Dos objetivos, no una contradicción

Leídas por separado, estas noticias parecen políticas inconexas: ¿cómo se concilia "no hay válvulas de escape" con exportaciones de combustible en aumento o con jueces que mantienen vivas demandas migratorias? Las propias fuentes sugieren que no compiten por el mismo objetivo. La presión declarada por Rubio y el Departamento de Estado apunta al Gobierno cubano como entidad política: sus finanzas estatales, sus redes de inteligencia, su capacidad de negociar salidas diplomáticas —de ahí que Costa Rica confirmara el 19 de septiembre, según OnCuba News, que sus relaciones con Cuba están "rotas" desde marzo, decisión que su canciller, Manuel Tovar, vinculó a una reunión con el propio Rubio. El combustible autorizado, en cambio, fluye hacia un sector privado y un mercado en dólares que Washington no trata de asfixiar de la misma manera, y los tribunales atienden a personas ya dentro del sistema migratorio estadounidense, cuyo estatus no depende de La Habana. Son dos frentes con reglas distintas, no una política errática.

Lo que queda fuera de ambos canales

Entre esos dos frentes quedan personas como Suárez y Moreno de Armas, que no encajan ni en el flujo comercial que crece ni en el alivio judicial que avanza. Suárez, tras quince horas en una jaula por rezar en voz alta, fue enviado a México, no a Cuba. Moreno de Armas, que llegó a Estados Unidos en 2016 y fue detenido en mayo de 2025, permanece en Bangui a la espera de que su abogada confirme lo que aún no han confirmado ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ni el Departamento de Seguridad Nacional: una fecha de regreso. Sus casos no contradicen los datos del combustible ni los fallos judiciales; muestran dónde termina, para una persona concreta, la distinción entre las dos Cuba que Washington dice estar gestionando por separado.