La retirada estatal a dos velocidades: aranceles a la baja para quien compra, topes al alza para quien vende

En resumen — En la misma semana, el Gobierno cubano eximió de aranceles la importación de equipos solares mientras farmacias y policlínicos seguían sin analgésicos básicos y varios municipios reimponían topes de precios que habían retirado semanas antes. El patrón que conecta estos hechos, documentados por distintos medios entre el 8 y el 9 de agosto, no es la escasez en sí sino su reparto desigual: el Estado abre la puerta a soluciones individuales para quien tiene divisas o remesas y mantiene el control administrativo sobre lo que consume la mayoría.

Eloísa García encontró a su esposo tirado en el piso del cuarto, buscando sin éxito una postura que le aliviara un cólico nefrítico. "Mi esposo dice que le duele estar sentado, acostado, caminar y hasta respirar. El dolor es insoportable", escribió García en el relato que publicó La Hora de Cuba este sábado y que reprodujo CiberCuba. En el policlínico al que acudieron solo había paracetamol. García recorrió el barrio de casa en casa buscando diclofenaco, tocó la puerta de una vecina cuyo esposo padece cáncer para pedirle una de sus pastillas —"¿Cómo pedirle a esta mujer lo único que probablemente alivia el dolor de su esposo?", se preguntó— y terminó, sin que el dolor cediera del todo, preparando un cocimiento de hierbas sobre un fogón de carbón, un remedio familiar transmitido durante años.

Esa misma semana, la Gaceta Oficial No. 66 publicó la Resolución 180/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, firmada el 5 de agosto por el ministro Vladimir Regueiro Ale, que elimina el Impuesto Aduanero para importar paneles fotovoltaicos, baterías de litio, transformadores y otros 60 tipos de componentes eléctricos, vigente hasta diciembre de 2027, según reportó Periódico Cubano. La norma también exime del Impuesto sobre Utilidades o del Impuesto sobre los Ingresos Personales, hasta por ocho años, a quien instale sistemas de autoconsumo o entregue electricidad al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Son dos respuestas del mismo aparato estatal a la misma crisis —la eléctrica y la sanitaria comparten origen en el colapso de las importaciones y el deterioro de la infraestructura— pero que se mueven en direcciones opuestas: una retira controles para quien puede comprar su propia solución, la otra deja a las familias sin más recurso que la red vecinal y el conocimiento empírico.

El costo de esa "solución" no es menor. En Santiago de Cuba, el novio de una vecina identificada como Isabel pagó 1.500 dólares por un ecoflow y otros 1.500 por un panel solar, según el reportaje de Diario de Cuba publicado el 8 de agosto. El mismo cubanoamericano reconoció que en Estados Unidos ese ecoflow no supera los 250 dólares —una diferencia que, según ese cálculo, sextuplica el precio en Cuba respecto al de origen (1.500 ÷ 250 = 6)—. "Hoy en Cuba tener electricidad es un privilegio, un lujo que solo los nuevos ricos, mipymeros, integrantes de la cúpula y personas que reciben ayudas del exterior pueden permitirse", resume ese medio. Periódico Cubano, al reseñar la propia resolución, ofrece la contraparte oficial del mismo umbral: un módulo de 800 watts de Copextel cuesta 75.200 pesos cubanos y un kit completo de cinco kilovatios de Correos de Cuba parte de 2.530.000 pesos —montos que, sin remesas ni negocio propio de por medio, sitúan la generación distribuida fuera de alcance.

Quien sí puede costearla no se limita a las mipymes que la resolución busca atraer. El 4 de agosto, un video difundido por el periodista Mario J. Pentón y reseñado por este medio mostró la instalación de paneles solares en la residencia de Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual e hija de Raúl Castro, en Atabey, una de las zonas más exclusivas de La Habana. El hecho no prueba que la política fiscal esté diseñada para la cúpula, pero sí ilustra el mismo mecanismo que documenta Diario de Cuba en Santiago: frente a un SEN que ningún decreto reciente ha logrado estabilizar, la salida de más alto rango disponible es comprarla individualmente, y esa opción está estructuralmente más cerca de quien ya tiene capital, cargo o familia fuera.

El mismo patrón de retirada selectiva se repite en los alimentos, aunque en sentido inverso. Mientras el Estado desregula la importación de energía para quien puede pagarla, en Villa Clara, San Luis (Santiago de Cuba), Moa y Banes (Holguín) los gobiernos municipales reimpusieron esta semana topes de precios para aceite, huevo, arroz y otros productos básicos, después de que el Gobierno nacional hubiera eliminado los topes generales para esos mismos artículos apenas semanas antes, según reportó Periódico Cubano. En Villa Clara, el Acuerdo 127 topó el aceite y el huevo por debajo de lo que ya se pagaba en la calle: 2.500 pesos frente a los 4.000 de Placetas, y 110 pesos frente a los 150-160 de Santa Clara. El mecanismo es el opuesto al de la energía —aquí el Estado sí interviene, con multas, decomisos y cierres de negocios— pero revela la misma lógica de fondo: control administrativo donde el producto es de consumo masivo y barato de fiscalizar, retirada donde el bien requiere divisas que la mayoría no tiene.

Esta gestión desigual del ajuste convive con un discurso oficial que insiste en la unidad y la resistencia colectiva. El mismo fin de semana en que se conocían estos datos, el régimen celebraba en el Palacio de Convenciones el XXIV Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, al que asistió Miguel Díaz-Canel —aunque, de más de 100 organizaciones convocadas, según reportó Diario de Cuba, solo asistieron representaciones de 45—. Y en Nueva York, el embajador cubano ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, le dijo a CBS News que "the Cuban people is suffering a collective punishment" y atribuyó la falta de combustible directamente a la orden ejecutiva que el presidente Trump firmó el 29 de enero de 2026, según recogió CiberCuba. Es una explicación válida en parte —las sanciones son reales y han sido documentadas por este medio en la cobertura de agosto sobre el cierre simultáneo de las tres "válvulas de escape" de Cuba—, pero deja fuera la variable que sí depende de decisiones internas: a quién se le exime de impuestos y a quién se le multa por vender un litro de aceite por encima de un tope que el propio mercado ya había rebasado antes de anunciarse.

Ninguno de estos hechos, tomado por separado, prueba una política deliberada de estratificación. Pero la coincidencia temporal —la misma semana, las mismas gacetas, los mismos apagones como telón de fondo— traza un mapa reconocible: quien tiene 1.500 dólares compra un ecoflow y dice, como el vecino de Isabel, que hoy la electricidad es "un privilegio"; quien no los tiene toca puertas para pedir una pastilla o hierve hojas en un fogón de carbón, como hizo Eloísa García, mientras espera que el dolor de su esposo ceda antes que la próxima gaceta.