La represión como política de Estado: Cuba y Venezuela encarcelan el disenso y manipulan la narrativa de los "presos políticos"

En resumen — Cuba y Venezuela intensifican la criminalización del disenso político, negando la existencia de "presos políticos" mientras la evidencia de detenciones arbitrarias, torturas y condiciones carcelarias inhumanas aumenta. Ambos regímenes utilizan la propaganda estatal para desacreditar a opositores y organizaciones de derechos humanos, revelando un patrón estructural de control social en medio de profundas crisis económicas y políticas.

Las calles de La Habana, donde un menor como Jonathan Muir Burgos languidece en una prisión para adultos bajo acusación de sabotaje, y los calabozos de El Helicoide en Caracas, donde expresos políticos denuncian torturas sistemáticas, configuran un panorama sombrío en dos naciones latinoamericanas. En Cuba y Venezuela, la categoría de "preso político" no es una abstracción legal, sino un campo de batalla entre la verdad del sufrimiento humano y la negación obstinada de sus respectivos Estados. Ante la intensificación de las crisis internas, ambos gobiernos autoritarios recurren a la represión como herramienta central para sofocar cualquier atisbo de disidencia, desmantelar movimientos ciudadanos y controlar la narrativa a través de un sofisticado aparato de propaganda.

La situación carcelaria cubana, lejos de ser un mero problema logístico, se ha convertido en un instrumento de coacción política. La organización Prisoners Defenders documentó recientemente que aproximadamente 90.000 presos en Cuba están expuestos a "daños irreversibles" por "desnutrición forzada", recibiendo entre el 10% y el 14% de las kilocalorías necesarias. Este informe, basado en testimonios y fotografías de varias cárceles, detalla también la presencia de chinches, la falta de atención médica adecuada y condiciones sanitarias degradantes. En este contexto, la historia de Lizandra Góngora Espinosa, condenada a 14 años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), resalta la brutalidad del sistema. Góngora inició una huelga de hambre y sed en la prisión Los Colonos, en Isla de la Juventud, para protestar por su aislamiento familiar y la negación de atención médica crucial para su enfermedad de sicklemia y un fibroma uterino. Su acción fue una respuesta directa al gobernante Miguel Díaz-Canel, quien públicamente niega la existencia de presos políticos en el país.

Paralelamente, en Venezuela, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y su notoria sede de El Helicoide son sinónimos de tortura. Expresos políticos como Víctor Navarro y Rosmit Mantilla han roto el silencio, describiendo golpizas, descargas eléctricas, asfixia y sumersión en bolsas con heces, entre otras prácticas. Mantilla afirmó que "las torturas son una política de Estado en Venezuela", una declaración respaldada por informes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la ONU. El caso de Óscar Castañeda, quien tras casi dos años en El Helicoide fue liberado sin poder caminar ni reconocer a su familia, es un testimonio escalofriante de las secuelas de este ensañamiento. Mientras organizaciones como Foro Penal contabilizan cientos de presos políticos, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció el fin de la Ley de Amnistía, cerrando una vía legal para la liberación y confirmando la intransigencia del régimen de Nicolás Maduro.

En ambos países, la represión se entrelaza con la manipulación mediática y la criminalización del disenso bajo fachadas legales. En Cuba, el sitio Razones de Cuba, operado por la Seguridad del Estado, exhibió al menor Jonathan Muir Burgos en prisión, intentando refutar las denuncias sobre su estado y acusando a la prensa independiente de "manipulación mediática". Esta estrategia busca deslegitimar a los activistas y crear una narrativa oficial que invisibilice la represión. Un ejemplo más sutil, pero revelador, fue el intento del régimen cubano de bloquear una declaración de la Sección Cuba de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) que pedía diálogo nacional y el fin de la censura y la represión policial. Esta filtración de correos internos expuso la pugna dentro del ámbito académico y la persistencia de aliados del oficialismo cubano, demostrando la extensión de su control ideológico.

La respuesta ciudadana, tanto dentro como fuera de las fronteras, persiste a pesar del asedio. Ramón Escalona Labrada, un ciudadano cubano, entregó una petición formal al Parlamento para revocar el mandato de Miguel Díaz-Canel, amparándose en el artículo 109 de la Constitución. Aunque Escalona reconoce el carácter simbólico de su acción, su gesto subraya la carencia de canales democráticos efectivos y la importancia de la denuncia, incluso si se dirige a una institución controlada por el Estado. De manera similar, en Venezuela, miles de ciudadanos se congregaron a nivel nacional e internacional, convocados por la líder opositora María Corina Machado, para exigir la liberación de los presos políticos. Estas movilizaciones demuestran que, pese a las restricciones, el descontento social se canaliza a través de figuras opositoras y el exilio, buscando eco en la opinión pública internacional. En Miami, el exilio cubano se unió en el Bayfront Park para pedir "una Cuba libre", una de varias movilizaciones que reflejan la vitalidad de la diáspora en la denuncia de la represión.

El testimonio de Luis Manuel Otero Alcántara, artista y preso político cubano, publicado en The New York Times, es un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu crítico. Alcántara, encarcelado tras el 11J, cuestiona la narrativa oficial de supuesta apertura y expresa su escepticismo ante una posible liberación, afirmando: "Cuando el Gobierno dice que el sistema político de Cuba no está sujeto a debate, es casi seguro que la disidencia política no será despenalizada y que personas como yo seguirán yendo a la cárcel". Su condena, que concluye en julio de este año, se enmarca en un sistema judicial que aplica penas severas, incluso para delitos no políticos. La condena a 14 años de prisión a un cubano por sembrar y vender marihuana en Holguín, a pesar de la legalización del cannabis en otros países, ilustra la rigidez y el carácter punitivo del sistema legal cubano, que refuerza el clima de temor y subraya la falta de garantías procesales.

La persistencia de la represión en Cuba y Venezuela no solo castiga el disenso, sino que también busca desmovilizar a la sociedad en un momento de severas crisis económicas. En Cuba, la precariedad económica, con déficits energéticos, alta inflación y salarios irrisorios, genera un caldo de cultivo para la protesta. El mensaje viral de una cubana en TikTok, conocida como @dr.aloma, que criticó la apatía política y el negacionismo de la realidad isleña, conecta directamente la crisis socioeconómica con la existencia de "niños que se acuestan sin comer" y "presos políticos por simplemente pensar la verdad". Este entramado de crisis y represión subraya un patrón estructural: la cárcel como mecanismo para mantener el control social cuando las vías económicas y políticas se agotan. La negación de los presos políticos no es solo una estrategia discursiva, sino la base para justificar un sistema que criminaliza la libertad de pensamiento y expresión, sellando el destino de miles de ciudadanos en celdas donde la dignidad humana es sistemáticamente vulnerada. El futuro de la estabilidad en ambos países dependerá, en gran medida, de la capacidad de sus poblaciones para mantener la presión y de la efectividad de la comunidad internacional para exigir el respeto a los derechos humanos y la liberación de quienes son encarcelados por sus ideas.