La reforma que el propio Estado cubano sabotea con sus multas

Mientras Díaz-Canel pide más producción al sector privado, el economista Pedro Monreal documenta desde agosto una secuencia de controles y sanciones que contradice el discurso de apertura

En resumen — Díaz-Canel pidió el 25 de agosto a empresarios privados más producción e innovación mientras advertía contra las 'ganancias ilegítimas'. El economista Pedro Monreal sostiene que el Gobierno 'socava la propia política económica que dice implementar y defender' al castigar los precios privados que él mismo dice querer liberalizar. El patrón no es un exabrupto aislado: el archivo de Monreal muestra la misma crítica repetida cuatro veces en agosto, mientras la inflación interanual llega a 20,70% en julio.

El 25 de agosto, Miguel Díaz-Canel se sentó con representantes del sector privado cubano —empresarios de alimentación, agricultura, energía, transporte y asesoría jurídica cuyos nombres el Gobierno no reveló— y les pidió más producción, más tecnología, más innovación. "Cuba saldrá adelante con la implementación de las transformaciones económicas y sociales, dándole participación a todos", les dijo, según la nota oficial de la Presidencia reproducida por Diario de Cuba, 14ymedio, OnCuba News y CiberCuba. En la misma reunión, sin embargo, el mandatario dedicó buena parte de su intervención a advertir contra lo que llamó "ganancias ilegítimas", "evasión fiscal", "acaparamiento" y "precios desconectados de las realidades", y anunció que el Gobierno mantendrá una "ofensiva" contra los negocios que se niegan a aceptar pagos por transferencia bancaria.

Esa combinación —pedir crecimiento y amenazar con sanciones en el mismo discurso— es exactamente lo que el economista cubano Pedro Monreal, radicado en Madrid y que analiza casi a diario la política económica del Gobierno en su página El Estado como tal, lleva semanas documentando como una contradicción estructural, no como un matiz retórico. Dos días después del encuentro, el 27 de agosto, Monreal reaccionó, según Diario de Cuba, con una frase que resume su argumento: "Hablar de reforma mientras se castiga al mercado es sabotearla". Al día siguiente, en un análisis publicado en su propia página y reseñado por OnCuba News, fue más allá: el Estado cubano "socava la propia política económica que dice implementar y defender" al criminalizar los márgenes del sector privado y responder con decomisos y multas en lugar de atender las causas estructurales de los precios altos.

El argumento de Monreal no depende de una sola declaración. Es la lectura acumulada de un mes completo de seguimiento a las 176 "transformaciones económicas y sociales" que el propio Gobierno aprobó en junio y que invoca como prueba de que la reforma está en marcha. El 9 de agosto, cuando varias provincias —Guantánamo, Villa Clara, Holguín y luego Matanzas— volvieron a fijar topes de precios para alimentos básicos, Monreal advirtió que "el enfoque de las 176 medidas se destiñó en menos de dos meses", según Diario de Cuba. El 16 de agosto sostuvo que el paquete carece de un "ancla" capaz de frenar la inflación, la devaluación y las distorsiones cambiarias. El 19 de agosto añadió que las 176 medidas ignoran la emergencia humanitaria porque apuestan por reformas productivas sin poner la alimentación y la salud en el centro. La secuencia —anuncio de apertura en junio, retorno a los controles de precios en agosto, criminalización pública de los márgenes privados a fines de agosto— es, según el propio Monreal, la evidencia de que el discurso institucional avanza en una dirección y la práctica administrativa en otra.

El contexto que hace más costosa esa incoherencia es la inflación. Según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) recogidas por OnCuba News y 14ymedio, la inflación interanual en el mercado formal cubano llegó a 20,70% en julio, con una variación mensual de 2,56% respecto a junio y un acumulado desde enero de 15,12%. Es el cuarto mes consecutivo en que el alza de precios al consumidor supera el nivel del mismo período de 2025, según Diario de Cuba. Monreal atribuye esos precios a causas estructurales que preceden y exceden al sector privado: "Los precios altos y con dinámica creciente son el resultado predecible de un modelo económico en crisis que restringe la oferta, deforma los precios relativos y cubre déficits con emisión monetaria excesiva", escribió en su análisis del 28 de agosto, según OnCuba News. Culpar a los actores privados de esa dinámica, sostiene, "es un artificio retórico que desvía la discusión sobre los problemas estructurales del modelo".

La lógica que describe Monreal tiene un correlato administrativo concreto que CiberCuba documentó: en una sola jornada de fiscalización en Centro Habana fueron inspeccionados 232 negocios privados, con 15 cierres definitivos y más de 360 multas; en Las Tunas, otra ofensiva cerró 22 establecimientos, retiró ocho licencias y aplicó multas superiores a 1,2 millones de pesos. Esos números no aparecieron en el discurso presidencial —que habló de "diálogo sistemático" y de un "único sistema empresarial" que integra lo estatal y lo no estatal— pero corren en paralelo a él. Es la brecha exacta que Monreal describe: mientras el Gobierno presenta los precios privados como fruto de la mala fe empresarial, sostiene que también protege sus propios márgenes en las tiendas estatales en divisas. "Cuando el Estado se presenta como árbitro neutral de precios 'justos' pero protege sus propios márgenes en las tiendas estatales en divisas y castiga los del privado, pierde credibilidad", escribió, según Diario de Cuba.

Díaz-Canel no ofreció en el encuentro del 25 de agosto una respuesta a esa objeción de fondo. Preguntó a los empresarios "¿cuál es el papel de la empresa privada en el sector energético?" —uno de los rubros más golpeados por la crisis cubana— sin explicar cómo el propio Gobierno piensa resolver el colapso del sistema electroenergético acumulado por décadas de falta de inversión, según recoge Diario de Cuba. Pidió que la contribución del sector privado se mida en producción, empleo, ingresos para el Estado y generación eléctrica, pero no dijo qué margen de rentabilidad puede sostener esas exigencias si cualquier precio que se aleje de lo razonable se etiqueta como "ganancia ilegítima". Los propios empresarios, según la nota oficial reproducida por Diario de Cuba y OnCuba News, señalaron "prejuicios y trabas que persisten en niveles intermedios de la Administración", muchas veces por desconocimiento de las 176 medidas.

La tensión que documenta Monreal ocurre, además, cuando el propio Gobierno necesita capturar divisas del sector privado y la presión externa no ha cedido. En la misma reunión, según Diario de Cuba, el subsecretario de Estado de EEUU para Asuntos del Hemisferio Occidental cuestionó el modelo cubano por concentrar "la riqueza y el poder" en manos de las élites del régimen, en línea con críticas previas de Marco Rubio. Pero el diagnóstico de Monreal no depende de esa presión externa: su argumento es que la contradicción es interna, y que resolverla no pasa por más discursos sino, en sus palabras, por "reglas claras, aplicación uniforme" y cambios sobre las distorsiones que producen la escasez. Mientras eso no ocurra, advirtió, la narrativa de culpabilización selectiva desembocará en el "retiro de la oferta formal" y en el paso a la informalidad —la misma vía hacia la que ya empujan los topes de precios reinstaurados este mismo mes.