En resumen — Mientras el Gobierno cubano anuncia 176 reformas económicas, autoriza empresas privadas de más de cien trabajadores y prepara una FIHAV virtual para cortejar capital extranjero, la vida cotidiana se resuelve fuera del control estatal: con paneles solares improvisados sobre triciclos, apagones de hasta 36 horas y camiones de aceite saqueados en plena calle. El patrón que conecta el 4 y 5 de septiembre de 2026 no es la apertura económica en sí, sino la distancia entre lo que el Estado promete reformar y lo que ya dejó de sostener.

La reforma que Cuba no puede permitirse: abrir el capital mientras se apaga la luz

El 4 de septiembre, en La Habana, un camión que transportaba aceite de cocinar fue interceptado por decenas de personas cerca del Cementerio de La Lisa y la Autopista Nacional. Hubo empujones, cajas lanzadas hacia la multitud y agentes policiales que no lograron contener la escena, según reportes ciudadanos recogidos por Periódico Cubano. Ese mismo aceite, en el mercado informal, puede costar cerca de 7.000 pesos cubanos la botella, una cifra que —señala el medio— supera ampliamente los ingresos de buena parte de los trabajadores y pensionados de la isla.

Un día antes, Marianela Chibas había publicado en el grupo de Facebook de la Empresa Eléctrica de La Habana un testimonio sobre los apagones que sufre con sus dos hijos, de cinco años y cinco meses: «Ya los apagones andan entorno a las 36 horas... para 3 horas de electricidad con tremendo quita y pon», escribió, según recogió CiberCuba. Chibas devolvió con ironía la consigna oficial de «resistir»: «Resiste tú con 3 horas de corriente cada 36 o más de apagón, resiste tú con el estómago vacío y la garganta seca de la sed».

En Luyanó, la respuesta a esa misma crisis tomó forma de triciclo eléctrico con un panel solar montado sobre una estructura metálica que un niño del barrio confundió con un robot de Transformers, según describió 14ymedio. No es una sofisticación ecológica, señaló el medio: es un intento de que el vehículo vuelva a moverse cuando la red no lo permite.

Esas tres escenas —el saqueo, el testimonio, el triciclo— ocurrieron en las horas exactas en que el Gobierno cubano anunciaba, por otra vía, que la isla abre más su economía al capital extranjero que en cualquier momento reciente. El contraste es el eje que atraviesa toda la cobertura de estos días, y el que ningún artículo aislado alcanza a mostrar por sí solo.

Una feria que se retira de la calle mientras el discurso se expande

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, confirmó el 4 de septiembre que la 42.ª edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV), prevista del 24 al 26 de noviembre, se celebrará casi enteramente en modalidad virtual, con un único espacio presencial reservado al foro de inversiones, según reportaron OnCuba News y Diario de Cuba. Es la feria de negocios más importante del calendario cubano, la que en su época de mayor peso llegó a ser la mayor del Caribe insular, y ahora se traslada a las pantallas porque, en palabras del propio ministro citadas por Diario de Cuba, el país atraviesa un «escenario complejo».

Ese evento, dijo Pérez-Oliva según OnCuba News, mostrará las 176 reformas aprobadas en junio, que buscan liberalizar la economía: contratación directa de trabajadores por empresas extranjeras, cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa y agencias de turismo privadas. El mismo 4 de septiembre, Pérez-Oliva presentó además un paquete de ocho normas jurídicas nuevas sobre inversión extranjera, comercio y turismo, entre ellas el Acuerdo 10443/2026 del Consejo de Ministros, que autoriza a los inversionistas extranjeros a contratar directamente a sus trabajadores sin pasar por entidades empleadoras estatales, y la Resolución 100/2026 del Banco Central, que elimina el permiso previo para que empresas mixtas abran cuentas en el exterior, según detalló Periódico Cubano. Dos días antes, el Consejo de Estado ya había autorizado que las MIPYMES operen con más de cien trabajadores y admitan socios extranjeros, de acuerdo con Diario de Cuba.

Es la aceleración de un proceso registrado desde julio. El 30 de julio, Díaz-Canel admitió ante la Asamblea Nacional que las propias reformas habían generado inquietud dentro del oficialismo por el crecimiento del sector privado y la concentración de riqueza, según Periódico Cubano. Ese mismo día, el primer ministro Manuel Marrero insistió ante los diputados en que los cambios no representan un abandono del modelo socialista. El 25 de agosto, Periódico Cubano describió a Díaz-Canel «coqueteando» con nuevas concesiones al sector privado mientras aseguraba que el Partido Comunista mantendrá el control político. La reforma se explica una y otra vez en el mismo lenguaje defensivo: un Gobierno que necesita el capital privado sin llamarlo por su nombre.

El capital se pide, pero la energía no se resuelve

La condición que Washington puso sobre la mesa el 4 de septiembre expone la misma tensión desde otro ángulo. Según información del Departamento de Estado divulgada por Martí Noticias y recogida por Periódico Cubano, la administración Trump ofreció a La Habana combustible y ayuda humanitaria a cambio de que el Gobierno abra el sector eléctrico a la gestión privada, y exigió que la ayuda se distribuya mediante organizaciones independientes del control estatal. La Habana, según el mismo reporte, rechaza privatizar sectores estratégicos —la energía entre ellos— incluso mientras abre casi todo lo demás a inversionistas extranjeros.

Esa contradicción es medible: la Unión Eléctrica pronosticó para el 5 de septiembre una afectación máxima de 2.220 megavatios, y Periódico Cubano documentó en agosto siete colapsos nacionales del Sistema Electroenergético Nacional en lo que va de 2026. El propio Ministerio de Energía y Minería admitió, según 14ymedio, que Cuba solo aprovecha el 50% de su capacidad solar instalada por falta de baterías de almacenamiento —mientras América Latina y el Caribe duplicaron su capacidad de almacenamiento en menos de un año, de 1.683 a 3.408 megavatios, de acuerdo con datos citados por el mismo medio. Incapaz de sostener la generación estatal, el Gobierno trasladó la solución al bolsillo individual: en agosto entraron en vigor dos resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios con beneficios fiscales y aduaneros para que cada cubano importe e instale su propia fuente renovable, según Diario de Cuba. El triciclo solar de Luyanó no es una anécdota folclórica: es la política energética del Estado cubano funcionando exactamente como fue diseñada, un ciudadano a la vez.

La reforma que no llega a las provincias

El economista Pedro Monreal advirtió el 27 de agosto, según Diario de Cuba, que «hablar de reforma en Cuba mientras se castiga al mercado es sabotearla», al señalar que los controles de precios y las sanciones contradicen las propias 176 medidas y pueden empujar los negocios hacia la informalidad. Tres semanas antes, 14ymedio había recorrido Guantánamo, donde los vecinos citados por el medio no pedían 176 reformas sino, en el propio título del reportaje, un «cambio de sistema».

Esa es la distancia entre el escenario de FIHAV —diplomáticos, normas jurídicas nuevas cada semana— y el de La Lisa, donde un camión de aceite se vuelve motivo de disputa callejera, o el de Luyanó, donde un panel solar sobre un triciclo hace de red eléctrica. El Gobierno multiplica marcos legales para el capital que necesita atraer; no ha logrado garantizar el suministro básico —electricidad, aceite, combustible— del que depende la población que ese mismo capital encontraría al llegar. Como resumió Marianela Chibas desde su casa en La Habana, con sus hijos dormidos junto a dos ventiladores en las escasas horas de corriente disponibles: «Muchos cubanos no tenemos familiares que nos envíen EcoFlow ni nada de esas cosas [...] y mientras, nuestros hijos sufriendo las consecuencias de un gobierno fallido».