La denuncia pública de la activista Oraisa Estrada Velma ante la ONU sobre la represión en Cuba, sumada a las campañas por la liberación de figuras como Luis Manuel Otero Alcántara, pone de manifiesto un patrón sistemático de encarcelamiento político y la persistente resistencia de la sociedad civil. El régimen cubano, por su parte, sigue utilizando liberaciones parciales y selectivas para intentar desacreditar la magnitud de sus presos políticos ante la comunidad internacional.

La Denuncia de Presos Políticos Cubanos Resuena en la ONU, Exponiendo un Patrón de Represión y Manipulación

Organizaciones independientes y activistas cubanos intensifican la presión internacional, mientras el régimen intenta silenciar sus voces y distorsionar la realidad de las excarcelaciones.

Ginebra fue escenario reciente de una denuncia directa contra la represión cubana, cuando la activista Oraisa Estrada Velma, miembro de Cubanos por el Progreso y la Integración en Valencia (CPIV), expuso ante el Quinto Foro Permanente de las Naciones Unidas la existencia de presos políticos y las torturas físicas y psicológicas que padecen en la isla. Su intervención, en el Palais des Nations, fue un eco de miles de voces que, desde Cuba y el exilio, claman por la libertad de quienes disienten. La delegación oficialista cubana intentó silenciarla, invocando un artículo del reglamento, una táctica ya utilizada en 2018 para interrumpir a activistas en foros internacionales.

Esta confrontación en la esfera global subraya una de las estrategias centrales del régimen de Miguel Díaz-Canel: la negación y el intento de invisibilización de la disidencia. Sin embargo, los datos y testimonios de organizaciones independientes desmienten esta narrativa. Estrada Velma citó que, según el informe semestral de Cubalex, se documentaron 246 eventos violatorios de derechos humanos en Cuba. Más contundente aún, la organización Prisoners Defenders registraba, al cierre de febrero de 2026, la cifra de 1,214 presos políticos en la isla, muchos de ellos afrodescendientes.

Un Patrón de Encarcelamiento Político y el Uso de la Prisión como Castigo Sistemático

El caso del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara es paradigmático de la sistemática represión. Tras denunciar amenazas de muerte por parte de agentes del Departamento 21 de la Seguridad del Estado en la prisión de Guanajay, Otero Alcántara inició una huelga de hambre de ocho días en abril de 2026, temiendo una extensión ilegal de su condena. Cubalex ha argumentado que, sumando el tiempo en prisión provisional y las rebajas por buena conducta, la pena de Otero Alcántara ya debería estar extinguida, haciendo su detención actual ilegal. Sin embargo, el Tribunal Provincial Popular de Artemisa rechazó un recurso de habeas corpus presentado por la organización para exigir su liberación.

La campaña internacional "Una foto con Luisma", lanzada desde Miami y Madrid por Yanelys Núñez Leyva y Claudia Genlui Hidalgo del Movimiento San Isidro, busca precisamente contrarrestar el intento de invisibilizar a estos prisioneros. Al convocar a personas de todo el mundo a compartir fotografías con Otero Alcántara, la iniciativa busca crear un archivo visual y darle visibilidad a la "injusticia que el régimen ha cometido contra él", según el comunicado del Estudio Luis Manuel Otero Alcántara. Este tipo de acciones ilustra la persistencia de la sociedad civil cubana y su diáspora en la lucha por sus derechos, recurriendo a la presión mediática y la solidaridad internacional ante la cerrazón interna.

Las experiencias personales de la represión se conectan con patrones históricos. Danielle Álvarez, estratega republicana cubanoamericana y ex asesora principal de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024, recordó en una publicación en X cómo su tío perdió 17 años en prisión "por hablar", su tía fue enviada sola a Estados Unidos a los 12 años, y su madre fue forzada a participar en programas de trabajo "brutales". Estas referencias aluden directamente a prácticas documentadas del régimen cubano, como los encarcelamientos de disidentes y los programas de trabajo forzado como las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) y las Escuelas en el Campo, que afectaron a decenas de miles de personas entre los años 60 y 80. La continuidad de estas prácticas, aunque con otras modalidades, demuestra la arraigada naturaleza del control estatal.

El Juego de las Excarcelaciones Selectivas y la Manipulación de Cifras

El régimen cubano utiliza de manera estratégica las excarcelaciones para proyectar una imagen de flexibilidad ante la comunidad internacional. Sin embargo, estas liberaciones son constantemente cuestionadas por organizaciones de derechos humanos. En marzo de 2026, el Gobierno cubano anunció un acuerdo con el Vaticano para la salida de 51 presos, de los cuales Prisoners Defenders confirmó que solo 25 eran presos políticos. Entre ellos, Evelio Luis Herrera Duvergel, de 25 años y condenado a siete años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, y Jarol Varona Agüero, de 52, con una pena de 13 años por "propaganda contra el orden constitucional" por convocar una protesta en Facebook que nunca se realizó.

La crítica de Prisoners Defenders no solo se centra en la baja proporción de presos políticos en estas listas, sino también en la inclusión de reos comunes, algunos incluso con delitos graves. La ONG denunció que, en el proceso de enero de 2025, solo el 40% de los 553 reos excarcelados fueron presos políticos, y entre los demás "figura al menos uno con un asesinato a sus espaldas". Esta práctica de mezclar presos políticos con delincuentes comunes busca diluir la categoría de "preso político", desacreditando las denuncias y minimizando la escala de la represión ante la opinión pública internacional y la propia sociedad cubana. Oraisa Estrada Velma también cuestionó el indulto anunciado por el régimen el 3 de abril de 2026, señalando que no representó una liberación real de los presos políticos.

La Resistencia de la Sociedad Civil Independiente

A pesar de la represión, la sociedad civil cubana demuestra una capacidad notable para organizarse y proponer soluciones concretas, anticipando escenarios de una posible transición política. El Foro Acción por la Amnistía, por ejemplo, agrupa a más de 50 organizaciones independientes que trabajan para exigir la excarcelación de todos los presos políticos y la protección de los derechos humanos en la isla. Esta plataforma no solo protesta, sino que organiza, planifica y ejerce presión, incluso bajo la constante criminalización de sus labores por parte del Estado.

Estas iniciativas no se limitan a la denuncia. Ante la profunda crisis económica, social y política, la sociedad civil cubana ha desarrollado redes de solidaridad que suplen las deficiencias del Estado. Comedores autogestionados, redes de asistencia a personas vulnerables y proyectos impulsados por comunidades religiosas han asumido tareas esenciales, desde la distribución de alimentos hasta la atención a personas en situación de calle. Actores como Yamilka Lafita (conocida como Lara Croft) coordinan campañas de ayuda directa. Sin embargo, el régimen responde a menudo con la represión de estas iniciativas, como se evidenció con el cierre de un comedor comunitario en Santiago de Cuba, dirigido por el padre Leandro Naun Hung, lo que demuestra la persistente voluntad del Estado de controlar cualquier forma de organización independiente.

En un contexto de alta inflación —donde el Banco Central de Cuba ha tenido que emitir nuevos billetes de 2.000 y 5.000 pesos para facilitar transacciones, según informó 14ymedio el 31 de marzo de 2026— y escasez generalizada, la represión contra quienes critican o proponen alternativas se vuelve aún más patente. La crisis económica no solo agudiza el descontento social, sino que también sirve de telón de fondo para justificar un control estatal más férreo, que se manifiesta en la criminalización de la disidencia.

La insistencia del régimen cubano en negar la existencia de presos políticos, mientras sus propias delegaciones intentan silenciar a quienes los denuncian en foros internacionales, y la manipulación de las cifras de excarcelados, revelan la profundidad de la crisis de legitimidad que enfrenta. La creciente visibilidad y articulación de la sociedad civil cubana, tanto dentro como fuera de la isla, y el apoyo que encuentra en organismos internacionales y en la diáspora, proyectan un futuro en el que el costo de la represión se hará cada vez más alto para el gobierno de Miguel Díaz-Canel, quien se ve obligado a confrontar una realidad que, pese a sus esfuerzos, se niega a ser silenciada.