En Cuba, cada apertura llega con un nuevo mecanismo de control

En resumen — Mientras Díaz-Canel promete diálogo al sector privado y fiscaliza 232 negocios en un día en Centro Habana, el régimen niega imágenes médicas a un preso político con cáncer y deja a una mujer enferma sin analgésicos: el mismo mecanismo de control estatal que administra el acceso al mercado administra también el acceso a la salud. El análisis conecta tres historias documentadas por la prensa cubana independiente entre el 25 y el 26 de agosto de 2026 para mostrar que la apertura económica de las 176 medidas llega acompañada, pieza por pieza, de nuevos instrumentos de vigilancia.

Carlos Alberto McDonald Ennis fue excarcelado bajo licencia en junio de 2026 por su crítico estado de salud, tras desarrollar un tumor maxilar en la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, sin atención médica adecuada durante más de dos años. Esta semana no pudo empezar las sesiones de radioterapia que necesita: los médicos requieren las imágenes de un somatón para localizar el tumor, pero, según denunció el grupo de asesoría legal Cubalex, "se niegan a entregarle esas imágenes y el equipo para repetir el estudio se encuentra roto". El otro caso que documenta Cubalex, el de Roberto Pérez Fonseca, también preso político, describe el mismo patrón: enfermedad grave y ninguna urgencia del lado del Estado.

La misma semana en que esos dos hombres esperaban un estudio que nadie les entregaba, Miguel Díaz-Canel reunió en La Habana a un grupo de empresarios privados y les prometió, según el sitio oficial de la Presidencia cubana, un diálogo permanente: "si no hay diálogo sistemático, no podemos saber qué estamos pensando y cómo vamos construyendo con consenso", dijo. El mandatario pidió más producción y tecnología, y de paso advirtió: el sector privado "no puede convertirse en espacio de ilegalidades, de evasión fiscal, de especulación, de corrupción, de acaparamiento". Esa misma semana, según CiberCuba, las autoridades fiscalizaron 232 negocios en una jornada en Centro Habana y cerraron 15. Y esa misma semana Batista Tania, una cubana que lleva tres semanas postrada por el virus que circula en la isla —probablemente chikungunya, dengue u Oropouche, sin que ella misma sepa cuál—, escribió en Facebook: "aquí quien sufre es el que está más abajo, este virus no tiene rostro".

Tres historias distintas —un preso político, un empresario privado, una mujer enferma en su casa— comparten un mecanismo: el Estado decide, caso por caso, quién recibe acceso —a un tratamiento, a un mercado, a un medicamento— y ese acceso llega envuelto en condiciones y controles que se anuncian con el mismo lenguaje de apertura.

La apertura que llega con más vigilancia, no con menos

El paquete de 176 medidas económicas y sociales, aprobado en junio, es el marco que el propio Díaz-Canel invoca para explicar por qué "Cuba saldrá adelante", según dijo en el encuentro con empresarios reportado por Diario de Cuba. Permite a las mipymes participar en la importación, distribución y venta minorista de combustibles —más de cien empresas ya tienen esa autorización mayorista, según 14ymedio— y abre tiendas y mercados estatales al sector no estatal, según OnCuba News. Es, en el discurso oficial, una "concesión": así se lo dijo Díaz-Canel a la periodista Mônica Bergamo, de Folha de S.Paulo, según recogió Periódico Cubano, insistiendo en que el Partido Comunista mantendrá "el control político".

Pero cada pieza de esa apertura llega con un mecanismo de control nuevo. La Resolución 86/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, que el régimen entrenó a funcionarios para aplicar desde mayo según CiberCuba, obliga a cuentapropistas y mipymes a reportar "operaciones sospechosas vinculadas a delitos financieros y terrorismo". El Decreto 160/2026, vigente desde el 4 de agosto, obliga a quienes alquilan viviendas privadas a informar al Minint los datos de huéspedes extranjeros, según Periódico Cubano. Y esta semana, la advertencia de Díaz-Canel contra los negocios que rechazan pagos por transferencia electrónica —calificados de "nociva"— vino con el anuncio de una "ofensiva hasta su total solución", en las mismas 24 horas en que se fiscalizaban 232 negocios en Centro Habana.

La activista Laritza Camacho resumió esa lógica sobre el paquete de 176 medidas en una frase que CiberCuba recogió el 1 de agosto: "nos están haciendo el traje a la medida". No es una crítica a la apertura en sí, sino a quién la diseña y sobre quién se ajusta.

El mismo Estado que abre el mercado admite que no sostiene la salud

La otra mitad del patrón está en lo que el propio gobierno reconoce sobre el sistema que administra directamente: el 12 de agosto, en el Palacio de Convenciones, Díaz-Canel admitió que Cuba solo dispone del 30% de los medicamentos del cuadro básico, mientras 98.500 personas esperan por una cirugía, según Periódico Cubano. En abril, según CiberCuba, faltaban 461 de 651 medicamentos del Cuadro Básico y una encuesta de ese mes reveló que apenas el 4,8% de los cubanos podía conseguir fármacos sin dificultad. Ese es el sistema en el que Batista Tania, sin tratamiento antiviral posible para el chikungunya o el dengue —no existe uno específico— y sin acceso a los analgésicos que escasean, describe noches sin dormir y un dolor que compara con "fuego quemando los huesos por dentro".

El brote reapareció en julio de 2025 tras nueve años sin circulación de chikungunya, con dengue y Oropouche simultáneos, según CiberCuba: una crisis sanitaria de más de un año que la salud pública no ha logrado tratar, mientras el discurso oficial pide al sector privado que su contribución se mida en indicadores como "generación eléctrica", sin que Díaz-Canel explicara, tras preguntar él mismo "¿cuál es el papel de la empresa privada en el sector energético?", cómo resolvería lo que el Estado no ha resuelto en décadas.

Un solo mecanismo, dos poblaciones distintas

Lo que conecta al empresario fiscalizado, a la mujer sin medicamentos y al preso político sin acceso a un estudio médico no es la gravedad —son situaciones muy distintas— sino la estructura: en los tres casos, el Estado retiene la decisión última sobre el acceso a un recurso básico, y ese acceso se otorga o se niega según criterios que no se explican públicamente. El empresario necesita el visto bueno de una fiscalización que puede cerrarlo en una jornada. Batista Tania depende de que una farmacia estatal reciba, algún día, el antiinflamatorio que hoy no tiene. Y McDonald Ennis, ya fuera de prisión, sigue dependiendo de que alguien en el sistema de salud pública le entregue unas imágenes que, según Cubalex, existen pero no se le dan.

Ninguna de las tres historias prueba, por sí sola, una intención coordinada. Pero la coincidencia temporal —documentadas entre el 25 y el 26 de agosto— y la repetición del mismo verbo institucional, "control", en el decreto de vivienda, en la resolución financiera y en la advertencia presidencial, sugiere que la apertura de 2026 no sustituye el mecanismo de vigilancia que rige la economía y la vida cotidiana cubana desde hace décadas: lo extiende a los espacios nuevos que la crisis obligó a abrir. Como escribió Batista Tania sobre su propia enfermedad, en una frase que podría aplicarse a cualquiera de los tres casos: "aquí quien sufre es el que está más abajo".