El Estado no puede generar la electricidad que necesita Cuba, así que le pide al cubano que la genere él

La Resolución 180 exime de impuestos a quien invierta en energía renovable, pero dos años de medidas parecidas muestran que el problema nunca fue la carga fiscal: es que un sistema solar cuesta miles de dólares que la mayoría no tiene

En resumen — El Ministerio de Finanzas y Precios publicó el 5 de agosto la Resolución 180, que amplía a mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia los beneficios fiscales para invertir en energía renovable, mientras el Sistema Electroenergético Nacional acumula récords de déficit. El patrón que documentan cuatro medios cubanos es el mismo: el Estado traslada al sector privado y a los hogares la responsabilidad de generar la electricidad que él no puede producir, pero el costo en dólares de los equipos deja el beneficio fiscal fuera del alcance de la mayoría.

El 5 de agosto, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, firmó una resolución que no crea nada nuevo: reorganiza, en un solo documento, incentivos fiscales que el propio Gobierno cubano llevaba meses repartiendo en normas sueltas. La Resolución 180/2026, publicada dos días después en la Gaceta Oficial, deroga la Resolución 41 de febrero —que ya eximía de aranceles la importación de paneles solares— y la sustituye por un texto más amplio: ahora la exención alcanza también a calentadores solares, pequeños aerogeneradores, biodigestores, bombas fotovoltaicas y cargadores para vehículos eléctricos, y se extiende explícitamente a personas jurídicas y naturales del sector no estatal —mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia— además de las entidades estatales, según detalló OnCuba News. En paralelo, la Resolución 179 modifica las tarifas de compra de electricidad al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) para incluir, junto a la energía solar, la eólica y la biomasa.

Leída sola, la medida es una ampliación técnica de beneficios ya existentes. Leída junto al resto de lo que ha publicado el Gobierno en los últimos meses, dibuja algo distinto: una secuencia de aperturas sucesivas al capital privado en un sector —la generación eléctrica— que durante décadas fue reserva exclusiva del Estado. En febrero llegó la primera exención arancelaria para paneles solares. En marzo, el Banco Central de Cuba autorizó créditos para financiar hasta el 100% de la compra e instalación de sistemas solares, con una tasa de interés del 4%, según recogió Periódico Cubano. En junio, el Gobierno fijó en 90 pesos cubanos el pago por cada kilovatio-hora de energía renovable que particulares, negocios, cooperativas y mipymes entreguen a la red. El 29 de julio, el Decreto 160/2026 autorizó formalmente al sector privado a generar y comercializar electricidad con fuentes renovables, con entrada en vigor el 4 de agosto. La Resolución 180, un día después, es el siguiente eslabón de esa misma cadena, no un anuncio aislado.

El porqué de la secuencia no lo esconde el propio Gobierno, aunque lo dice en otro lenguaje. 14ymedio lo formula sin rodeos en el título de su cobertura: el Ejecutivo "pide ayuda" al sector privado para producir electricidad. El medio sostiene que, "más que un incentivo fiscal, las resoluciones suponen un reconocimiento implícito de que el Estado ya no dispone por sí solo de los recursos necesarios para aumentar la generación eléctrica y necesita atraer inversión privada hacia un sector que durante décadas ha permanecido reservado a la iniciativa pública". Diario de Cuba llega a la misma conclusión con un titular más cortante: "Incapaz de generar electricidad, el régimen impulsa que cada cubano produzca la suya". El propio texto de la resolución oficial confirma el giro discursivo con el que se presenta la medida: financiar instalaciones renovables en policlínicos, hogares maternos, consultorios y edificios multifamiliares se describe, en palabras de la viceministra de Finanzas y Precios Yenisley Ortiz citadas por Diario de Cuba, como parte de la "responsabilidad social" de empresas y particulares. Es decir, cubrir un servicio público que el Estado no logra sostener se convierte en filantropía privada.

La urgencia detrás del gesto tiene cifras concretas. El 29 de julio, la Unión Eléctrica (UNE) pronosticó un déficit de generación de 2.380 megavatios para el horario de máxima demanda, la mayor afectación registrada desde que empezaron a publicarse datos oficiales sobre el sistema eléctrico en 2022, según reportó Periódico Cubano. Cuatro días antes, según 14ymedio, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país estaban fuera de servicio, incluida la Antonio Guiteras, la mayor planta del país. El 2 de agosto, con el SEN parcialmente reconectado, la UNE calculaba 2.195 MW de afectación frente a apenas 1.035 MW disponibles para un consumo estimado de 3.200 MW —una brecha que Periódico Cubano cifró en cerca del 68% de la demanda sin cubrir. Ese es el sistema que las nuevas resoluciones buscan aliviar, no sustituir: la propia meta oficial, recogida por OnCuba, es que las renovables lleguen al 24% de la generación eléctrica en 2030, casi cuatro años después de la crisis que hoy golpea a la población.

El problema es que el alivio fiscal no toca el obstáculo real. 14ymedio lo señala con precisión: "un sistema fotovoltaico doméstico cuesta varios miles de dólares, una cifra fuera del alcance de la inmensa mayoría de los cubanos, cuyos salarios y pensiones apenas cubren los gastos básicos". Periódico Cubano lo traduce a pesos cubanos con cifras concretas: un módulo solar de 800 watts comercializado por Copextel cuesta 75.200 pesos cubanos, mientras que un kit completo de cinco kilovatios vendido por Correos de Cuba parte de 2.530.000 pesos. Otro reportaje del mismo medio, publicado el 10 de agosto como guía práctica para elegir equipos, sitúa el rango de precios en dólares: desde 80-300 dólares por un panel básico de 100 o 200 watts con una batería pequeña, hasta 1.500-5.000 dólares por una estación portátil de mayor capacidad. Ninguna de esas cifras cambia con la Resolución 180: lo que exime son aranceles e impuestos sobre utilidades, no el precio del equipo, que además debe pagarse en divisas que la mayoría de los cubanos no tiene acceso legal a generar.

Esa brecha entre quién recibe el beneficio fiscal y quién puede pagarse el equipo para aprovecharlo reproduce, en el terreno energético, algo que ya venía ocurriendo con el propio acceso al sector privado de la generación. El 29 de julio, el mismo día del récord de déficit, Periódico Cubano reportó que el Decreto 160/2026 autorizaba a mipymes a vender electricidad, pero "limita su acceso al sistema" con condiciones que restringen la participación efectiva. Y en abril, cuando el colapso eléctrico ya era una constante, apenas una veintena de empresas —estatales, mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia— asistieron al primer encuentro de negocios sobre energías renovables celebrado en Guantánamo, según CiberCuba: una cifra que ilustra lo incipiente de la participación privada en un sector que el Gobierno ahora presenta como corresponsabilidad nacional.

Mientras tanto, el Estado sigue buscando parches de otro tipo para ganar tiempo: el 10 de agosto, Periódico Cubano reportó que el Gobierno de China donó 5.000 sistemas fotovoltaicos para zonas rurales y centros prioritarios, un gesto que el propio medio cubano describió como "otro salvavidas pal ahogado". Es una imagen que resume el contraste de fondo: mientras la ayuda estatal y la donación extranjera llegan en unidades —miles de paneles para un país de más de nueve millones de habitantes—, la responsabilidad de resolver el déficit se traslada, resolución tras resolución, a quien tenga los dólares para comprarse su propia luz. "El Estado ya no dispone por sí solo de los recursos necesarios", escribió 14ymedio. La Resolución 180 formaliza esa admisión; no cambia lo que cuesta dejar de depender de la red que el propio Estado no logra sostener.