El cerco que Cuba denuncia y los pleitos que pierde por no presentarse

Entre Londres, los BRICS y la CIDH, el patrón de esta semana no es la presión de Washington sino el silencio de La Habana ante compromisos que dependen solo de ella

En resumen — El mismo lunes en que el canciller Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de provocar “devastadoras consecuencias humanitarias” en Cuba, otros tres expedientes mostraban un patrón distinto: el Gobierno cubano pierde terreno en tribunales, alianzas y organismos de derechos humanos no por las sanciones que denuncia, sino por dejar de pagar, de responder o de cumplir compromisos que no tienen relación con el bloqueo.

El lunes 14 de septiembre, el canciller cubano Bruno Rodríguez escribió en redes sociales que Estados Unidos suma “amenazas, presiones y chantajes” al “cerco energético” contra la isla y que, por ello, “7.000 contenedores permanecen detenidos en varios puertos del mundo”, con cargas de “alimentos, medicinas y dispositivos médicos” ya pagadas. El objetivo de Washington, dijo, es “arreciar el castigo colectivo” que impone “al pueblo cubano”, según reportó OnCuba News.

Ese mismo lunes, otros tres expedientes —ninguno originado en una sanción estadounidense— mostraban un patrón que la declaración del canciller no menciona: en Londres, en los BRICS y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Cuba pierde posiciones por decisiones propias de no pagar, no responder o no cumplir.

Un bufete que se cansó de esperar

El caso más nítido es el de Londres. El bufete británico PCB Byrne, que representaba al Banco Nacional de Cuba (BNC) y al Gobierno cubano en el litigio por una deuda heredada de la época de Fidel Castro, presentó en julio una solicitud confidencial para dejar de representarlos. Una orden judicial del 31 de julio confirmó su salida. Personas familiarizadas con el proceso, citadas por Bloomberg, señalaron que el motivo fue el impago de honorarios por parte del BNC y el Gobierno cubano durante más de un año, según publicó Diario de Cuba.

La salida de los abogados llega después de que el BNC incumpliera una orden judicial de diciembre que lo obligaba a pagar 50.000 libras esterlinas en costas procesales. La consecuencia puede ser mayor todavía: sin representación legal, el banco cubano se expone a perder por defecto reclamaciones por unos 2.500 millones de euros, mediante sentencias dictadas cuando una parte no responde ni comparece ante el tribunal.

El patrón no es nuevo. En agosto, el Tribunal Mercantil de Londres ya había condenado al BNC a pagar 18.123.883,28 libras esterlinas —unos 24,4 millones de dólares— al fondo de inversión CRF I Limited, en una sentencia dictada en rebeldía, según reportaron Periódico Cubano, OnCuba News y CiberCuba. CiberCuba documentó que CRF había enviado el 22 de junio una carta a Miguel Díaz-Canel proponiendo una salida negociada sin exigir desembolsos inmediatos; el Gobierno cubano no respondió. El litigio con CRF, que comenzó a adquirir dimensión judicial en 2020 y 2021 tras varios intentos fallidos de acuerdo sobre créditos impagados, no se agrava por exceso de presión externa: se agrava porque la parte cubana deja de presentarse.

Una alianza que no llega

El segundo expediente es diplomático. En agosto, la Embajada de Cuba en Rusia hizo pública una petición formal a Moscú para apoyar el ascenso de la isla de país socio a miembro pleno de los BRICS. La respuesta rusa, cuando llegó, no fue la esperada por La Habana. El 14 de septiembre, tras la cumbre del bloque, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ofreció una fórmula deliberadamente ambigua: “la Federación Rusa apoya el deseo de Cuba de unirse al trabajo dentro del marco de los BRICS”, pero aclaró que “no se discutieron candidatos a la expansión”, citado por la agencia Interfax y recogido por Diario de Cuba.

Un día antes, el propio Bruno Rodríguez había recorrido la cumbre buscando “oxígeno económico” y estrechando vínculos con Vietnam, Brasil e India, mientras insistía en culpar a Estados Unidos de la crisis interna, según Diario de Cuba. Los BRICS sí expresaron en su declaración final “profunda preocupación” por las sanciones estadounidenses contra Cuba, reportó OnCuba News, pero esa solidaridad retórica no se tradujo en la membresía plena que La Habana pedía, ni en el respaldo concreto que la diplomacia cubana necesitaba mostrar en casa.

Compromisos que no dependen de Washington

El tercer expediente es el más grave porque involucra personas, no cifras. En marzo, la CIDH otorgó medidas cautelares al preso político Jorge Bello Domínguez, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 y recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, Artemisa. El organismo de la OEA consideró que sus derechos “a la vida, integridad personal y salud” estaban en riesgo de daño irreparable, según Diario de Cuba.

Seis meses después, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) denunció, con base en el testimonio de la madre de Bello, Marta Domínguez Galero, que el preso “presenta una severa inflamación de los testículos, acompañada de sangrado y fuertes dolores”, que “se encuentra sin enalapril para controlar su presión arterial” y que “tiene dos quistes en los testículos” que un urólogo ya había recomendado operar, sin que la operación se produjera. El CDPC advirtió que la situación “puede poner en riesgo su vida e integridad y constituye una grave vulneración de sus derechos”. Nada de eso depende de una sanción de Washington: depende de que el sistema penitenciario cubano lleve a un preso al médico.

El archivo de este medio muestra que no es un caso aislado. La CIDH también otorgó medidas cautelares en julio a los presos del 11J Ángel Jesús Véliz Marcano y Yasmany Porras Pérez, y en abril a Cruz García Domínguez —tres concesiones del organismo interamericano en cinco meses, todas por el mismo tipo de riesgo, todas sobre presos que siguen denunciando abandono médico.

El mismo lunes 14 de septiembre, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y ONU Mujeres exhortaron al Gobierno cubano a reformar una decena de leyes sobre igualdad y empoderamiento económico de las mujeres, y a adoptar o ratificar cuatro convenios internacionales que sigue sin suscribir, entre ellos el Convenio sobre la Seguridad Social de 1952 y el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos de 2011, según un análisis de 894 leyes de 22 países iberoamericanos citado por Diario de Cuba. Un mes antes, la Organización Internacional del Trabajo había reiterado su exigencia de que Cuba reconozca el sindicalismo independiente, tras diez años de incumplimientos documentados por el propio Comité de Libertad Sindical, según registró este medio el 7 de agosto.

Dos relatos que no cuadran

Estos tres expedientes no anulan la existencia de sanciones estadounidenses reales ni las dificultades que documentadamente generan para el comercio exterior cubano: los contenedores retenidos que menciona Bruno Rodríguez, la vigilancia naval de EE UU frente a Yucatán para rastrear posibles envíos de petróleo mexicano a la isla, o la negativa de navieras como Hapag-Lloyd a operar con Cuba desde mayo forman parte de un cerco documentado por 14ymedio y otras fuentes. Pero el relato oficial de un país asediado desde fuera convive, en el mismo lapso de días, con expedientes en los que la pérdida se explica por decisiones tomadas —o no tomadas— dentro de Cuba: un banco central que deja de pagar a sus propios abogados, un Gobierno que no obtiene la membresía plena que pidió a sus aliados, medidas cautelares de un organismo internacional que llevan meses sin ejecutarse, y convenios laborales y de género pendientes de ratificación desde hace décadas.

La diferencia importa porque define quién tiene la llave de cada puerta. El bloqueo estadounidense no explica por qué el BNC no pagó 50.000 libras en costas procesales ni por qué Jorge Bello Domínguez sigue, según su madre, sin la operación que un urólogo le recomendó.