El aparato que sí funciona: Cuba persigue a sus atletas fugados con más eficacia que al hambre de su gente

Mientras agentes de la Seguridad del Estado cotejaban 10.000 acreditaciones en Santo Domingo para cazar desertores, un economista advertía que el paquete de 176 medidas no tiene un solo eje para la emergencia alimentaria

En resumen — La misma semana en que Diario Libre reveló que agentes cubanos infiltrados en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo vigilaban a los atletas de la isla para impedir fugas, el economista Pedro Monreal denunció que las 176 medidas económicas del Gobierno carecen de un eje para la emergencia humanitaria. El contraste documenta qué prioriza el aparato estatal cuando debe elegir entre controlar y proteger.

En el complejo deportivo Parque del Este, en Santo Domingo, militares dominicanos cerraron temporalmente las puertas de una instalación donde se disputaba una competencia bajo techo. Habían detectado dentro a hombres que seguían de cerca a deportistas cubanos que intentaban separarse de su delegación. Para acercarse sin levantar sospechas, algunos de esos hombres vestían uniformes de atletas de otros países, según la investigación del medio dominicano Diario Libre recogida este martes por CiberCuba y Periódico Cubano. Las autoridades cotejaron las acreditaciones de los presentes contra la base de datos oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe —más de 7.000 atletas y unos 3.000 técnicos y otros integrantes de delegaciones— y retiraron del recinto a ciudadanos cubanos que no tenían credencial válida para las funciones que ejercían. Diario Libre no pudo establecer si alguno fue detenido o sometido a la justicia dominicana.

No fue un episodio aislado. La vigilancia respondía a una fuga que ya llevaba semanas de curso. El portero de hockey sobre césped Moisés David Torres Puig había abandonado la delegación cubana el 24 de julio, antes incluso de la inauguración de los juegos, según reportó 14ymedio. El 11 de agosto se sumaron los esgrimistas Adam Núñez y Hershey Daniela de la Cruz y el jardinero de softbol Yasmani Álvarez. Para el cierre del certamen, el 8 de agosto, cinco deportistas cubanos habían dejado la delegación oficial, de acuerdo con Periódico Cubano. Según Diario Libre, la vigilancia se intensificó precisamente en la primera mitad del torneo, cuando ya se habían producido las dos primeras deserciones. El caso escaló a crisis diplomática: República Dominicana expulsó a al menos nueve diplomáticos de la embajada cubana, y una fuente cercana a los atletas fugados dijo a 14ymedio que hubo un intento de "secuestrarlos".

La misma semana, a más de 1.500 kilómetros, otro engranaje del mismo aparato actuaba en La Habana. La Seguridad del Estado impuso una medida cautelar a José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 de la masonería cubana, tras interrogarlo por un presunto delito de "desobediencia", según un video difundido por CubaNet y recogido por CiberCuba. La medida lo obliga a firmar todos los miércoles ante las autoridades y le prohíbe salir del país. "No entendemos cómo un litigio administrativo entre el Ministerio de Justicia y el Supremo Consejo se ha convertido en un interés de la Seguridad del Estado", cuestionó Viñas Alonso. El episodio no es nuevo: según CiberCuba, la presión sobre el dirigente masónico se remonta a julio de 2021, cuando fue citado por primera vez tras firmar una carta crítica contra Miguel Díaz-Canel en el contexto de la represión posterior a las protestas del 11 de julio.

Estos dos episodios —uno en el exterior, otro en la isla— no son hechos sueltos: forman parte de un patrón que el propio archivo de represión documenta con cifras. Cubalex registró más de 50 desapariciones forzadas en un semestre y advirtió sobre la "profunda indefensión" de los ciudadanos frente a lo que calificó como un patrón en expansión, según reportó Diario de Cuba el 11 de agosto. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, por su parte, contabilizó casi 2.000 acciones represivas en el primer semestre de 2026, cinco años después del 11J, de acuerdo con otro reporte de Diario de Cuba. Son organismos y metodologías distintas midiendo la misma tendencia: un aparato de control que opera con capacidad operativa sostenida, capaz de desplegar personal, cotejar bases de datos de miles de personas en un país extranjero y sostener el seguimiento de un disidente durante cinco años.

Esa misma capacidad no aparece cuando el objeto no es la vigilancia sino la subsistencia. El economista Pedro Monreal señaló esta semana, en una publicación en X recogida por Diario de Cuba, que el paquete de 176 medidas económicas aprobado por el Gobierno cubano no incluye un eje específico para la emergencia humanitaria que atraviesa el país. Monreal retomó el planteamiento del economista Julio Carranza sobre la necesidad de distinguir entre las transformaciones estructurales de la economía y las urgencias que impone el deterioro de las condiciones de vida. A su juicio, el Gobierno apostó por una lógica de "oferta primero": confía en que las liberalizaciones económicas reactivarán la producción y que el alivio de las carencias llegará después, como efecto secundario. "Ya existe una emergencia nutricional previa, y el reciente regreso a regulaciones de precios parece responder a una inseguridad alimentaria que no es nueva. Esa inseguridad debe tratarse como punto de partida del paquete, no solo como un posible efecto posterior de medidas como la liberalización de precios", escribió Monreal. El propio Fondo de Protección Social contemplado en la medida 71, señaló, dependería en parte del ahorro logrado al eliminar subsidios —lo que dificultaría que estuviera disponible antes de que esas transformaciones surtan efecto sobre la población— y no se conoce con precisión qué nivel de cobertura tendría.

El vacío que describe Monreal no es abstracto: tiene rostro en la cobertura de la misma semana. El activista Claudio Peláez Sordo relató en Facebook haber visto en La Habana a dos niños que aparentaban menos de 12 años trabajando en semáforos —uno limpiando espejos de triciclos, otro vendiendo sazones y refresco instantáneo— y a una mujer embarazada pidiendo dinero con una niña pequeña en un coche, según recogió Periódico Cubano. "No me adapto a ver a niños trabajando como adultos para llevar algo de dinero a sus hogares", escribió Peláez Sordo, quien también cuestionó que una embarazada tuviera que depender de la caridad. El artículo 66 de la Constitución cubana prohíbe el trabajo infantil, con excepciones legales acotadas. El propio relato, precisó Periódico Cubano, no permite determinar cuántos menores viven hoy circunstancias semejantes en la isla, pero se suma a otros indicadores oficiales del deterioro: la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) registró 11.962 nacimientos de madres menores de 20 años en 2024 —el 16,76% del total de nacimientos ese año—, con las tasas más altas concentradas en provincias orientales como Granma (56,5 por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años) y Guantánamo (50,9), según el Observatorio de Igualdad de Género de la ONEI citado por CiberCuba. Y el turismo, principal fuente de divisas que el Gobierno necesitaría para financiar cualquier respuesta a la emergencia, cayó 56% entre enero y abril, de acuerdo con cifras recogidas por Periódico Cubano al reportar el eventual regreso de la cadena Royalton a la isla.

Lo que conecta estos hechos no es que el Estado cubano carezca de capacidad institucional. Es que esa capacidad, cuando existe, se dirige de forma consistente hacia el control y no hacia el auxilio. El mismo aparato capaz de cotejar 10.000 acreditaciones deportivas en un país extranjero para identificar a cinco desertores, o de sostener durante cinco años el seguimiento de un dirigente masónico por una carta firmada en 2021, no ha producido —según la crítica de su propio economista de cabecera— un eje de emergencia nutricional y sanitaria dentro del paquete de reformas más ambicioso en años. Monreal propuso que ese eje debería llamarse "Emergencia humanitaria con intervenciones combinadas de nutrición y salud", al mismo nivel que las demás líneas del paquete. Su planteamiento sigue sin respuesta oficial. Mientras tanto, el aparato que persiguió a un portero de hockey hasta Santo Domingo sigue, esa misma semana, cobrando la firma semanal de un hombre acusado de desobediencia.