Cuba deja de decidir: cinco historias de un mismo fin de semana muestran a un Estado que ya no controla sus propios flujos

En resumen — En un mismo fin de semana de finales de agosto, cinco historias —niños cubanos mayoritarios en las aulas migrantes de Tapachula, una madre que recauda fondos en Facebook porque el Estado no puede tratar a su hijo, jubilados que esperan meses por su pensión, Bahamas sin renovar contratos a maestros cubanos y una hotelera que ya solo obtiene el 2% de su beneficio en la Isla— dibujan un mismo patrón: el Estado cubano deja de ser el intermediario entre sus ciudadanos y el mundo, ya sea porque las familias lo sortean, porque otros gobiernos lo rechazan o porque no cumple lo que promete.

Dalma Rosell Marrero no esperó a que el Ministerio de Salud Pública le entregara la carta que, según explicó en Facebook, necesita para tramitar un visado humanitario y llevar a su hijo Eithan Urbay Rosell, de siete años, a tratarse una rara alteración cromosómica en un centro médico de Córdoba, Argentina. Publicó en cambio un mensaje pidiendo ayuda a desconocidos: "Me dirijo a ustedes con el corazón en la mano pidiendo ayuda", escribió, y ante quienes dudaron de su caso respondió: "Esto no es estafa. Eithan es un caso real y los documentos son reales". Lo que le falta, dijo, no es el permiso sino "el respaldo económico", por lo que intenta abrir una recaudación de fondos, según CiberCuba.

En Tapachula, ciudad mexicana fronteriza con Guatemala convertida en punto de espera —y a veces de destino final— para familias cubanas, casi 120 menores migrantes iniciaron el curso escolar en el programa Educación Sin Fronteras. La mayoría, confirmó a Diario del Sur la maestra Esther Berenice, son cubanos, tendencia que ese medio ya había registrado en mayo, cuando cubanos y haitianos constituían la mayoría de los alumnos del mismo programa. Ni Rosell ni esas familias recurrieron primero al Estado: lo intentaron y luego lo sortearon —una acudió a la caridad digital de extraños, las otras a la vía migratoria informal que ha convertido a esa ciudad en la sala de espera de facto de buena parte de la emigración cubana. El Estado no desaparece del relato —sigue siendo quien debe emitir la carta médica, quien administra las salidas legales—, pero deja de ser el canal por el que se resuelven los problemas.

Lo mismo, con otro ritmo, atraviesa a quienes ni siquiera intentan salir del país. El periódico oficial Trabajadores recogió el caso de Julio Sánchez Rivas, jubilado hace 12 años y reincorporado ocho más al Banco Metropolitano, que presentó en febrero su expediente de recálculo de pensión en Diez de Octubre, La Habana; le aseguraron que estaría listo a partir de abril, y en agosto seguía sin respuesta. "Llevo seis meses de espera y aún no sé a cuánto ascenderá el monto definitivo de mi jubilación", dijo, y añadió: "Soy un hombre mayor y a veces me pregunto si podré disfrutar del incremento que deberé tener". El veterano zapatero Mario Ponce Álvarez, que entregó su documentación el 26 de enero, llevaba siete meses esperando cuando le dijeron en la oficina de trámites que "la solución no está en sus manos". Trabajadores reconoce que ambos casos no son excepcionales, sino parte de un grupo de jubilados —algunos con más de un año de espera— atrapado en el mismo cuello de botella, según recoge CiberCuba. Aquí el Estado no es sorteado ni rechazado desde afuera: simplemente no cumple lo que él mismo prometió, ante quienes menos margen tienen para esperar.

El tercer frente es el que otros países le cierran al Estado cubano, no al revés. Bahamas confirmó que no renovará los contratos de 31 de los 110 maestros cubanos que debían continuar en el curso 2026-2027 —más de una cuarta parte del contingente, según el cálculo sobre cifras de 14ymedio—, mientras mantiene congelada la renovación de acuerdos para el personal sanitario, cuya misión ya había sido reducida a 35 personas, con solo tres médicos. El Ministerio de Educación bahameño fue explícito: "Nuestra prioridad sigue siendo la captación y contratación de educadores bahameños cualificados". El archivo de este medio muestra el mismo patrón en otros países: días antes, un informe de Prisoners Defenders reveló que un médico cubano en Botsuana cobra 1.000 de los 4.000 dólares mensuales que ese país paga al Gobierno cubano —un 24,4% del total, según 14ymedio—, y en abril más de 161 médicos habían regresado de Guatemala tras el fin de aquel convenio. Las misiones fueron durante décadas el mecanismo por el que el Estado exportaba fuerza de trabajo reteniendo la mayor parte del pago; ese mecanismo depende de que otros gobiernos sigan aceptándolo en los términos que Cuba impone. Cuando Bahamas prioriza personal local o cuando la cifra del médico en Botsuana se hace pública, la mediación se rompe porque la contraparte deja de aceptarla u ocultarla.

El cuarto frente es el del capital que se retira sin que el Estado pueda impedirlo. Cuba llegó a representar entre 2015 y 2017 alrededor del 25% de los ingresos mundiales de la cadena hotelera española Meliá y más del 25% de su beneficio bruto; en 2025 esa cifra se desplomó al 2%, según Hotel Management, citado por 14ymedio. Su salida, junto con la de Iberostar y Barceló, dejó a la Isla sin ninguna gran cadena hotelera española por primera vez desde 1990, tras 36 años de presencia. El modelo cubano —Estado dueño de los inmuebles, cadenas extranjeras a cargo de la gestión— hizo esa retirada indolora para los operadores: nunca fueron propietarios, así que pudieron irse sin negociar nada con La Habana.

El quinto frente es el más básico: la comida. Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume, con un costo anual cercano a los 2.400 millones de dólares, según el Plan Estratégico 2026-2030 del Programa Mundial de Alimentos citado en un reportaje de BBC News Mundo que retoma CiberCuba. Entre 2018 y 2023 la producción de cerdo cayó 95%, la de arroz 87%, la de frijoles 70% y la de leche 58%, según estadísticas oficiales de ese organismo. El archivo de este medio muestra el reverso: en agosto llegaron 15.000 toneladas de arroz donado por China y 470 toneladas producidas por una empresa vietnamita en Granma, mientras la libreta de racionamiento ha colapsado, según documentó la agencia AP, hasta dejar de alcanzar para la subsistencia diaria. Donde el Estado no logra producir ni comprar lo suficiente, son terceros países los que sostienen, con donaciones puntuales, el suministro que la planificación centralizada no garantiza.

Ninguno de estos cinco frentes es nuevo por sí solo; el archivo de este medio registra versiones de cada uno desde hace meses. Lo que la coincidencia de finales de agosto expone es que operan simultáneamente y en la misma dirección: en cada caso, alguien —una madre, un jubilado, un gobierno extranjero, una cadena hotelera, un donante internacional— termina resolviendo, sorteando o denunciando lo que el Estado cubano debía garantizar y no garantiza. "La solución no está en sus manos", le dijeron a Mario Ponce Álvarez en la oficina donde tramita su pensión pendiente. La frase, pensada para un trámite, describe también el patrón más amplio: cada vez con más frecuencia, la solución de los problemas cubanos ya no está en manos del Estado que debería resolverlos.