Cuando faltan los megavatios pero no las divisas: el patrón detrás de los decretos de agosto
En la misma semana de un colapso eléctrico nacional, el Gobierno aprobó normas para captar dólares en autos y mercados mayoristas, mientras Washington presiona a GAESA por una reserva de 18.000 millones que no destina a la infraestructura que colapsa
Lila Fuentes
Entre el 4 y el 5 de agosto, Cuba sufrió un nuevo colapso eléctrico nacional a la vez que el Gobierno publicaba el Decreto 163/2026 (importación de vehículos) y la Resolución 13/2026 (mercados mayoristas), ambos orientados a captar divisas. El patrón se suma a una dolarización progresiva de meses —gas licuado, gasolina, cuentas bancarias— que convive con la reserva de 18.000 millones de dólares que Washington atribuye a GAESA sin destinar a la infraestructura que se rompe.
Cuando faltan los megavatios pero no las divisas: el patrón detrás de los decretos de agosto
En la misma semana de un colapso eléctrico nacional, el Gobierno aprobó normas para captar dólares en autos y mercados mayoristas, mientras Washington presiona a GAESA por una reserva de 18.000 millones que no destina a la infraestructura que colapsa
En resumen — Entre el 4 y el 5 de agosto, Cuba vivió a la vez un nuevo colapso eléctrico nacional y la publicación de dos normas —el Decreto 163/2026 sobre importación de vehículos y la Resolución 13/2026 sobre mercados mayoristas— diseñadas para atraer divisas frescas al Estado. El patrón no es nuevo: desde hace meses el Gobierno dolariza servicios básicos mientras el conglomerado militar GAESA mantiene, según Washington, una reserva de 18.000 millones de dólares sin destinar a la infraestructura que colapsa.
El martes 4 de agosto, mientras la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) todavía luchaba por reconectar el Sistema Eléctrico Nacional tras un doble colapso que dejó circuitos enteros de La Habana sin servicio —apenas 124 de los 286 circuitos de distribución de la capital tenían luz esa mañana, beneficiando a un 42% de la población, según reportó 14ymedio citando a la propia UNE—, la Gaceta Oficial publicaba dos normas que no tenían nada que ver con generar un solo megavatio adicional. Una regulaba la importación de automóviles. La otra creaba un mercado mayorista nuevo. Ambas compartían un mismo objetivo declarado o implícito: que entrara dinero fresco, y que entrara en divisas.
El Decreto 163/2026, que entra en vigor el 11 de agosto, elimina el límite de seis vehículos por persona en cinco años, amplía de siete a 17 las empresas comercializadoras autorizadas —entre ellas IMPEXPORT, CIMEX, DUNA y SASA— y favorece fiscalmente a los eléctricos: 5% de impuesto especial frente a 25% para los de combustión, y 3% frente a 20% en los ensamblados en la Isla, según detalló OnCuba News, que precisa que la importación directa de un eléctrico por personas naturales solo se permite por única vez en la vida. El beneficio mayor —un vehículo de hasta ocho plazas desde el exterior— queda reservado, según CiberCuba, a diplomáticos, cooperantes con contratos internacionales y tripulantes de barcos y aviones con al menos dos años fuera del país.
Un día antes, el 4 de agosto, la misma Gaceta Oficial había publicado la Resolución 13/2026, que crea el Mercado de Abasto.CU, una red de comercio mayorista que operará tanto en pesos como en divisas y que, según Periódico Cubano, permitirá pagos electrónicos, comercio digital y operaciones financiadas desde el exterior. La resolución llega, dice el propio medio, "en medio de la prolongada crisis económica que afecta a la Isla" y en un contexto en el que "una parte creciente de los productos importados depende del acceso a moneda extranjera".
Ninguna de las dos normas es un hecho aislado. Es la continuación de un movimiento que este medio ha documentado por partes sueltas durante meses: la venta de gas licuado de petróleo en dólares a través de una plataforma digital orientada a los emigrados, mientras persisten las colas y el racionamiento para quienes pagan en pesos, según reportó 14ymedio en mayo; la entrada en vigor de una aplicación de pago para la gasolina que, sin embargo, dejó sin combustible a los particulares porque los servicentros quedaron reservados a vehículos estatales, mipymes y extranjeros, también según 14ymedio; y el descongelamiento, tras cinco años, de las cuentas bancarias en divisas de ciudadanos cubanos en el Banco Popular de Ahorro, reportado por Diario de Cuba en mayo. El hilo común es siempre el mismo: cuando el Estado necesita dólares, encuentra la manera de recuperarlos de quien los tiene o puede conseguirlos; cuando el ciudadano solo tiene pesos, encuentra escasez.
Esa dolarización progresiva convive con una cifra que la administración estadounidense ha convertido en munición política. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado cuestionó públicamente, en una publicación en X revisada por Periódico Cubano, que el conglomerado militar GAESA no destine sus recursos financieros a atender las necesidades de la población —como el restablecimiento de la infraestructura eléctrica ante los apagones masivos— pese a disponer, según esa misma oficina, de una reserva financiera de 18.000 millones de dólares. "¿Por qué no utiliza GAESA esos fondos para satisfacer las necesidades del pueblo cubano?", preguntó la dependencia estadounidense. La cifra proviene de una fuente política interesada y no ha sido verificada de forma independiente por este medio; se presenta atribuida a quien la formuló.
Esa presión sobre GAESA tampoco es nueva. Según reportaron 14ymedio y Diario de Cuba el 3 de agosto, las sanciones más recientes del Departamento del Tesoro contra intereses vinculados al conglomerado buscan impedir que oculte activos o prepare lo que un informe de Cuba Siglo 21, citado por ambos medios, describió como una "piñata a la rusa": el traspaso de sus activos a manos privadas —previsiblemente ligadas a la misma élite que hoy lo controla— en un eventual escenario de transición, replicando el patrón que en la Rusia postsoviética convirtió activos estatales en fortunas privadas de una nomenklatura reconvertida en oligarquía.
Mientras estas piezas se mueven en el plano institucional, la crisis se vive en cada casa. En abril, 461 de 651 medicamentos esenciales no tenían existencias en las farmacias estatales, según datos citados por CiberCuba. La ONU lanzó un llamamiento humanitario de 94 millones de dólares para casi dos millones de personas, con un déficit que a mediados de mayo superaba los 60 millones; Estados Unidos comprometió hasta 100 millones canalizados vía Iglesia Católica y ONG independientes —para evitar, según esa nota, que el régimen intercepte los fondos— y la Comisión Europea sumó en julio 10 millones de euros.
En ese contexto, la activista Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, escribió el lunes en X que los cubanos enfrentan "una catástrofe humanitaria provocada por una dictadura que posee miles de millones de dólares en cuentas extranjeras", según recogió CiberCuba, y que "el sufrimiento humano crece y el régimen solo responde con más represión". Es una lectura política, no un hecho verificado por este medio, pero coincide en su diagnóstico con el ángulo que el propio Departamento de Estado eligió para presionar a GAESA: no la escasez de divisas en Cuba, sino su acumulación en manos de quien no las destina a resolver lo que se rompe todos los días. El decreto de los autos y el mercado en dólares publicados esta semana no resuelven un apagón. Abren, eso sí, una vía más para que las divisas sigan entrando por arriba mientras la electricidad sigue faltando por abajo.
Escrito por Lila Fuentes
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