Choferes de triciclos en Holguín denuncian altos costos y corrupción en proceso de 'legalización'
Carmen Valdés
Los conductores de triciclos en Holguín consideran que la "legalización" de su servicio es un "castigo", debido a los pagos de 2.500 CUP por trámites y "otros miles" en sobornos, así como a las tarifas oficiales impuestas que no cubren sus gastos operativos. Esto evidencia la desconexión entre las políticas estatales y la realidad económica que enfrentan estos transportistas esenciales.
En resumen — Los conductores de triciclos en Holguín consideran que la "legalización" de su servicio es un "castigo", debido a los pagos de 2.500 CUP por trámites y "otros miles" en sobornos, así como a las tarifas oficiales impuestas que no cubren sus gastos operativos. Esto evidencia la desconexión entre las políticas estatales y la realidad económica que enfrentan estos transportistas esenciales.
Los choferes de triciclos en Holguín han rechazado el intento gubernamental de formalizar su servicio, que hasta ahora opera mayormente en la informalidad, denunciando que el proceso de "legalización" es oneroso y plagado de corrupción. Según el relato de Damián, un conductor citado por 14ymedio, los "trámites engorrosos" y los pagos excesivos, que incluyen aproximadamente 2.500 CUP (peso cubano) para el papeleo y "otros miles" en sobornos, representan una carga inaceptable que impacta gravemente sus ya precarios ingresos.
Estos triciclos, que cubren rutas fijas como la de Las Baleares al hospital Lenin, cobran 100 CUP por persona, una tarifa que Damián considera justa para cubrir los costos. Sin embargo, las autoridades estatales buscan imponer una tarifa oficial de 50 CUP por pasajero, una cifra que los choferes estiman insuficiente para operar, dadas las fluctuaciones en el costo de la vida y el impacto de los apagones en la carga de sus vehículos. Esta situación fuerza a los conductores a realizar múltiples viajes solo para obtener una ganancia mínima.
Esta medida de otorgar permisos temporales, introducida a finales de febrero como respuesta a la crisis de combustible, incluyó requisitos como un censo de vehículos y revisión técnica, y colocó a los triciclos bajo el control de la Empresa Provincial de Transporte. Sin embargo, lejos de aliviar su situación, los choferes perciben esta formalización como una imposición que aumenta el control estatal y su carga económica, recordando las multas previas por transportar pasajeros que oscilaban entre 5.000 y 16.000 CUP. La desconexión entre las tarifas impuestas por el Estado y los costos reales de operación profundiza el desafío que enfrentan estos transportistas informales.